Nuevo puente de acceso y salida a Elizondo

El Gobierno de Navarra ha autorizado, en su sesión de hoy, la adquisición de un compromiso de gasto plurianual por importe de 2.769.890,38 euros para contratar las obras de construcción de un nuevo puente de conexión de la variante de Irurita-Elizondo con la NA-8307 (antigua N-121-B), así como sus obras complementarias, según ha informado en rueda de prensa el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite.

Además, el Ejecutivo foral ha anunciado la adjudicación de la redacción del proyecto del nuevo puente de San Andrés en Villava / Atarrabia, para paliar los desbordamientos provocados por las crecidas del río Ultzama y que contempla la demolición del puente actual y la construcción de un muro de protección en la orilla para mejorar la seguridad de la zona.

En Elizondo, el Departamento de Cohesión Territorial ya está realizando las actuaciones preparatorias para la celebración del contrato de las obras, para el que ha reservado 300.000 euros en los presupuestos de 2025, 1,5 millones en 2026 y 969.890,38 euros en 2027. Una vez que se licite el contrato, la previsión es que las obras se inicien en el último trimestre de 2025 y tengan una duración de 22 meses. 

El proyecto prevé la construcción de un puente de conexión de la variante de Irurita-Elizondo con la NA-8307 (antigua N-121-B) y las obras complementarias para llevarlo a cabo. El objetivo es habilitar un nuevo ramal de acceso a la localidad mediante la construcción de un nuevo vial, continuación del existente en la plaza de Baztanberri, en la margen derecha del río Baztan. Dicho ramal cruzará el río mediante un puente de tipología mixta en su vano principal que llegará a la actual carretera NA-8307, con la que conectará mediante una glorieta, evitando el tráfico por los viales urbanos, con la consiguiente mejora en la seguridad vial. 

De acuerdo a los informes realizados por el Servicio de Estudios y Proyectos, las mejoras que supone esta intervención hace aconsejable acometer las obras a la mayor brevedad, de ahí que se haya declarado urgente la ocupación de bienes y derechos afectados, al objeto de agilizar los trámites para la adquisición de los terrenos necesarios para llevarlas a cabo.