El TSJN declara el despido colectivo de Ribera Gourmet "no ajustado a derecho"

En la sentencia del mes de septiembre, el Tribunal, que no admitió la nulidad del proceso al no haberse podido demostrar mala fe en la negociación ni vulneración de derechos fundamentales, declaró los despidos como no ajustados a derecho porque, según el fallo, “la empresa no ha cumplido con la obligación que le incumbe de acreditar la realidad de las causas que sirven de soporte a su decisión de cese”. Asimismo, la sala considera no probada la baja rentabilidad de la finca Alrosa de Corella y concluye que la “legítima decisión” de la empresa de dejar de arrendarla no constituye una causa legalmente justificativa del despido colectivo.

El pasado mes de marzo, la empresa del sector agropecuario Ribera Gourmet, radicada en la comarca de Tudela y perteneciente al grupo La Línea Verde, presentó un expediente de regulación de empleo mediante el que pretendía despedir a 18 de los 50 trabajadores que componían la plantilla. El ERE estaba motivado, según la dirección, por la decisión unilateral de la empresa de dejar de arrendar una finca en Corella al considerarla no rentable, por ser "mala tierra".

La sentencia señala que “la empresa no ha cumplido con la obligación que le incumbe de acreditar la realidad de las causas que sirven de soporte a su decisión de cese”.

Paros y huelga

Además, el Comité (CCOO, ELA, LAB) no fue informado previamente de ello, ni se buscó ninguna alternativa para mantener la producción y el empleo. Durante el periodo de consultas, que tuvo lugar entre el 12 de marzo y el 15 de abril, la parte social reprochó a la empresa esta situación. El sindicato LAB señala que en dicha negociación “se evidenciaron manifiestas contradicciones que refleja la sentencia, como la utilización de personal de ETT y la realización de horas extraordinarias, o dudas razonables acerca de la relación de la empresa agropecuaria con el resto del grupo, la procedencia de la materia prima que debería sustituir a la de la finca abandonada o el precio de la misma en los intercambios dentro del entramado empresarial”.

La asamblea de trabajadores acordó la realización de dos horas de paro y un día de huelga, reivindicando una cantidad menor de amortizaciones de puestos de trabajo, recolocaciones, indemnizaciones más cuantiosas y, sobre todo, la voluntariedad de salidas que atenuaran o eliminaran las extinciones traumáticas. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo y finalmente la empresa comunicó la extinción de 10 contratos, el 20 % de la plantilla, el 30 de abril.

LAB denuncia que en los despidos se ha buscado un perfil especial ya que son migrantes y/o racializadas, el 90 % de origen magrebí, incluida la única mujer de esa procedencia en la plantilla.

Desde el sindicato LAB se ha manifestado que se ha buscado un perfil especial en los despidos ya que son migrantes y/o racializadas, el 90 % de origen magrebí, incluida la única mujer de esa procedencia en la plantilla.

LAB insta a la empresa a acatar y poner en práctica lo indicado por el TSJN, y reclama que se delegue en las personas afectadas la elección entre readmisión o indemnización. Además, exige “el reconocimiento del daño causado y su reparación en mayor medida de lo que la legalidad española establece, tal y como vienen defendiendo las directrices europeas,” así como “la asunción de las responsabilidades y obligaciones derivadas de su posición y de la normativa vigente.”