El Gobierno de Navarra presentó este viernes el anteproyecto de Ley Foral contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural, una norma con la que pretende convertir el reto demográfico en un eje transversal de todas las políticas públicas y establecer un marco normativo para garantizar la cohesión territorial. Este plan contará con un fondo extraordinario creado y regulado reglamentariamente que financiará actuaciones alineadas con los ejes y los planes operativos de la Estrategia Navarra contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural, permitiendo poner en marcha actuaciones transversales que, por su naturaleza, no encuentran un encaje adecuado en las políticas sectoriales tradicionales.
Su dotación provendrá de consignaciones en los Presupuestos Generales de Navarra, subvenciones y aportaciones de otras administraciones públicas y dotaciones o aportaciones privadas.
Durante la presentación, celebrada en Unzué, la presidenta de Navarra, María Chivite, defendió que la nueva ley responde a la necesidad de afrontar un crecimiento demográfico desigual y ha asegurado que “la cohesión territorial no es una opción, es una obligación”.
Asimismo, ha destacado que la iniciativa cumple “un compromiso político de primer orden” adquirido por el Ejecutivo foral y ha recordado que la lucha contra la despoblación ha sido una prioridad desde el inicio de su mandato en 2019.
La intención de la ley
En el núcleo de esta ley se encuentra la doble intención de obligar a todas las políticas públicas a mirar al territorio y a crear las condiciones adecuadas para que vivir en un pueblo sea una opción de futuro y, por lo tanto, pasar de actuar para lo rural a gobernar con lo rural en el centro.
Para lograrlo, el cuerpo normativo del anteproyecto incluye una serie de medidas que se concretan en acciones como la redacción de un informe obligatorio de impacto demográfico y territorial en cualquier norma o planificación pública; la clasificación oficial de municipios en riesgo; medidas de apoyo económico contra la despoblación y para el desarrollo rural, cuya dotación se establecerá en los Presupuestos Generales, subvenciones y donaciones; la estrategia de vivienda rural con movilización de vivienda de protección oficial y colaborativa; refuerzo de la función social de la vivienda mediante venta forzosa; un régimen especial para el trabajo autónomo y el emprendimiento rural; proyectos de inversión de interés foral y responsabilidad social territorial; fortalecimiento de las escuelas rurales; transporte público a demanda y acceso a servicios básicos a treinta minutos; Estatuto de las Mujeres Rurales; puesta en valor de los servicios ecosistémicos; formación profesional adaptada y relevo generacional; enfoque generacional integral a mujeres, juventud, mayores y migración; gobernanza multinivel y participación territorial efectiva.
Medidas sectoriales
- Educación. Mantenimiento de centros educativos rurales de 4 alumnos y su puesta en red, medidas para atraer personal docente, comedores escolares y transporte adaptado financiados, becas universitarias vinculadas al retorno al territorio rural.
- Servicios sociales de proximidad. Red de servicios sociales comunitarios en el medio rural, atención a la dependencia y apoyo a cuidadores informales, centros de día y servicios de respiro familiar, programas de lucha contra la soledad no deseada.
- Sanidad y farmacia. Refuerzo de la atención primaria en municipios rurales y descentralización de especialidades, telemedicina y consulta médica a distancia, refuerzo y adaptación de la atención sanitaria y farmacéutica, garantizando el acceso a los servicios.
- Conectividad digital. Garantía de acceso a internet de banda ancha, administración electrónica adaptada y accesible para la ciudadanía rural, servicios digitales de proximidad y formación digital para mayores, infraestructuras de telecomunicaciones como servicio esencial.
- Patrimonio. Protección del paisaje rural y el patrimonio arquitectónico, su valoración como elemento de desarrollo.
El derecho a quedarse
En el acto de presentación intervino el alcalde de Unzué, Iker Etxeberria, que afirmó que los pueblos pequeños “necesitamos realidades para que nuestros jóvenes se puedan quedar, que se cuide a nuestros mayores, que se mantengan los servicios”. La nueva ley no solo pretende esto, sino que también se quiera ir a vivir a los pueblos.
Para ello se establece el mandato de crear vivienda rural protegida y facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural, así como la movilización de viviendas vacías mediante incentivos fiscales y cesión, la creación de viviendas colaborativas para jóvenes y personas mayores.
A ello se une lograr un transporte público accesible y a demanda, así como servicios básicos en menos de 30 minutos desde cualquier municipio. El anteproyecto también incorpora medidas para reforzar la atención sanitaria, escolar y social en el ámbito rural, mejorar la conectividad digital, promover el relevo generacional, la economía verde, el turismo rural sostenible y la economía social.
Establece una serie de colectivos de atención prioritaria como las mujeres rurales, para las que se creará un estatuto en 2 años, los jóvenes, las personas mayores, las personas migrantes y los nuevos pobladores.
