Estella-Lizarra - Una nueva vuelta de tuerca en el llamado caso Oncineda: un ciudadano estellés presentó el pasado jueves una solicitud al Ayuntamiento de Estella-Lizarra en la que insta a la Administración Pública a que revise de oficio todos los convenios y anexos relacionados con el asunto y firmados durante las legislaturas de María José Fernández (PSN) y Begoña Ganuza (UPN).
A lo largo de un escrito de casi 15 páginas que el Consistorio ha admitido a trámite y debatirá el miércoles en comisión, el vecino de la ciudad del Ega argumenta que la Alcaldía “no era competente para adoptar ningún acuerdo al respecto”, por lo que los actos firmados entonces por las dos alcaldesas son “nulos de pleno derecho”. El documento basa sus argumentos en hasta siete leyes y decretos legislativos distintos, algunos derogados en la actualidad y de ámbito tanto estatal como foral.
Se trata de un nuevo capítulo en el llamado caso Oncineda, que podría obligar al Consistorio estellés a pagar hasta 11 millones de euros en indemnizaciones -el Presupuesto íntegro del Ayuntamiento este año- por expropiar unas parcelas para el proyecto de 2003 de construir una Ciudad Deportiva que nunca se llevó a cabo.
La solicitud del ciudadano no solo pone en entredicho la promesa de indemnización establecida en el convenio de Fernández (PSN) con los propietarios de los terrenos; también se refiere a los nuevos anexos firmados durante la legislatura de Ganuza (UPN), que multiplicaron por 2,5 la cantidad inicial; y, en general, cuestiona la competencia de ambas ediles en materia de expropiación.
El vecino estellés contrasta en su escrito los poderes que tienen los órganos de Alcaldía, Pleno y Junta de Gobierno Local según la Ley de Bases del Régimen Local, para concluir que “las competencias en materia de expropiación corresponden al Pleno y solo existe posibilidad de delegar en favor de la Junta, por lo que la Alcaldía no tenía ninguna competencia ni legal ni por delegación”.
Por otra parte, el ciudadano destaca que ni la socialista Fernández ni la regionalista Ganuza siguieron la metodología que establece la legislación urbanística. Por un lado, las firmas de los convenios y anexos en los que se ponía precio a las parcelas no se hicieron públicas en el plazo de 20 días, un requisito exigido por la Ley de Procedimiento Administrativo Común para dar lugar a posibles alegaciones.
El solicitante alega también la inexistencia de un informe de sostenibilidad económica, otro de los documentos necesarios, según la Ley de Suelos, en las “actuaciones de urbanización”. Estas conclusiones se infieren del hecho de que en el expediente del caso “no obran más que los convenios y sus anexos” y “no figura ningún acuerdo ni trámite previo o posterior a la aprobación o ratificación del contenido de los convenios”. Al no estar incluidos estos informes en el expediente del caso, el ciudadano considera que “es indicativo de su no existencia”.
Respecto a las sentencias judiciales dictadas con relación a las parcelas 407 y 495, el ciudadano asegura que, aunque en ellas “se declaró la vigencia de los convenios”, no se cuestionó “en ningún momento” si estos son o no válidos, un asunto que decide desarrollar él en su demanda particular.
La solicitud por parte de este ciudadano se enmarca dentro de un derecho contemplado en la Ley Foral de Urbanismo, que establece que observar su cumplimiento es una “acción pública”, es decir, que puede ser realizado a través de una iniciativa popular.
Desde EH Bildu aseguran estar “totalmente de acuerdo con lo que se plantea en la solicitud” y añaden que “de no haber habido ninguna iniciativa ciudadana, el Ayuntamiento hubiese actuado de oficio”. “Por respeto y porque creemos que tiene un valor añadido, asumiremos la petición del vecino en la comisión del miércoles e intentaremos llevarla al próximo pleno”, afirman. “Tenemos que agradecer y felicitarnos porque en esta ciudad haya ciudadanos que velen por el interés general”.
