estella-lizarra - La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha rebajado de 108 a 43,94 euros/m2 el justiprecio a pagar por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra por la expropiación de una parcela incluida en el proyecto de la zona deportiva de Oncineda, estimando así parcialmente el recurso del Consistorio contra una resolución del Jurado de Expropiación de Navarra.

Afecta esta sentencia en concreto a la parcela propiedad de Promociones Herchi (15.845 metros cuadrados) y se espera que en breve se resuelva de la misma forma con respecto a la que es propiedad de Actividades Alhama (8.614 metros cuadrados). Estas dos empresas, como se recordará, iniciaron en su día la reclamación contra el Consistorio por no haber cumplido con sus obligaciones.

mutuo acuerdo Según recoge la reciente sentencia del TSJN, “en el anexo al convenio que para la fijación del mutuo acuerdo suscribieron el Ayuntamiento de Estella y la propiedad se estableció como importe del justiprecio, de llegarse al trámite expropiatorio por no ejecutarse la urbanización (como así fue), la cantidad de 43,94 €/m2, señalándose que en el caso de que el Consistorio suscribiera mejores condiciones expropiatorias con otros afectados se aplicarían igualmente al propietario firmante”.

Posteriormente, el Ayuntamiento, tras la firma de un anexo por parte de la exalcaldesa Begoña Ganuza (UPN), convino la expropiación de otra parcela con el mismo fin y marcó como importe del mutuo acuerdo la cantidad de 108 €/m², cuantía que por tanto sería de aplicación al resto de parcelas.

En la sentencia, la controversia para la fijación del justiprecio se centra en la interpretación y aplicación de la denominada cláusula de salvaguarda, concebida para asegurar a los firmantes del mutuo acuerdo las condiciones más ventajosas que se pudieran otorgar en el mismo expediente expropiatorio, recuerdan.

Finalmente, el TSJN entiende que “ha de estarse al mutuo acuerdo fijado en el convenio de expropiación suscrito entre las partes -43,94 €/m2-, al ser este el importe querido y suscrito por las partes, cuando ya se conocía el otro convenio que fijaba el importe en la cantidad de 108 €/m2”. Al justiprecio así determinado (43,94 euros el metro cuadrado) habrán de añadirse el premio de afección y los intereses legales de demora.

un recurso Esta sentencia del TSJN responde a un recurso presentado por el Ayuntamiento después de que el Jurado de Expropiación determinase en octubre de 2017 que el Consistorio debía abonar a Herchi y Alhama 108 euros por metro cuadrado, más un 5% de premio de afección, más un 60% de intereses, es decir, un total de 178 euros por metro cuadrado. Así pues, fijaba una indemnización a estas dos empresas de unos 4,3 millones de euros por algo más de 24.000 metros cuadrados de terrenos que eran rústicos. Y, según los cálculos realizados por el Ayuntamiento por aquel entonces, la cifra podría elevarse hasta cerca de 20 millones de euros si todos los propietarios reclamaban. Una decisión que podría asfixiar económicamente al Ayuntamiento, cuyo presupuesto anual no llega a los 12 millones de euros.

Ahora, con esta sentencia y la que llegará sobre Alhama en breve tiempo, esa cifra de 4,3 millones se rebaja de forma muy considerable, ya que de pagar 108 euros (más intereses, más premio de afección, es decir, 178 metros cuadrados), se pasa como máximo a 44 euros más premio de afección más unos intereses que no vienen determinados en la sentencia, razón por la que desde el equipo de gobierno no se atrevieron a dar ayer una cifra exacta. En cualquier caso será “una rebaja muy importante fruto de la buena gestión que se ha hecho desde el equipo de gobierno, todo lo contrario de lo que hicieron en su día UPN y PSN”. Dado que cabe recurso, el Ayuntamiento peleará por rebajar aún más esa cifra.

las otras parcelas Con respecto al resto de parcelas de Oncineda, como se recordará, la situación es totalmente distinta a la de las dos constructoras, ya que el dictamen del Consejo de Navarra declaró en mayo de 2018 nulos de pleno derecho los convenios y anexos firmados con esos propietarios restantes. Días después el Consistorio aprobó en pleno la nulidad, acto administrativo que a lo largo de los meses están recurriendo los distintos propietarios y sobre los que tendrá que pronunciarse la justicia.