PAMPLONA. El Gobierno de Navarra ha insistido hoy en el "riesgo de uso muy elevado" que, según el informe de sus técnicos, ofrece el Palacio del Marqués de Rozalejo, causa por la que la Policía foral ha clausurado esta madrugada el edificio en el que por tercera vez entraron ayer los okupas que lo usan como gaztetxe.

Así lo señala el Ejecutivo foral en una nota, en la que describe que ayer varios individuos de nuevo ocuparon el Palacio "por la fuerza, con uso de herramientas de corte y demolición", y accedieron al mismo a través de una ventana que da acceso a su patio, utilizaron cuerdas y arneses para descolgarse desde la cubierta, y posteriormente abandonaron el lugar también a través del tejado.

Recuerda el Ejecutivo foral que el Palacio de Rozalejo fue intervenido por orden del Gobierno el pasado día 10 de enero, tras conocer el informe técnico realizado por el Servicio de Patrimonio, en el que se ratificaba que el uso del inmueble constituye "un grave riesgo para las personas".

Por ello, a las 7 horas de esta mañana efectivos de la Policía Foral han entrado en el edificio y, tras comprobar que no había nadie en su interior, han requisado los arneses utilizados por los individuos que accedieron ayer al inmueble para luego romper violentamente la puerta de acceso al palacio, utilizando herramientas de corte y demolición, como mazas, martillos y rotaflex, con el fin de quebrar cierres de hormigón y metal que se habían colocado hace diez días.

En la operación ha colaborado también Policía Nacional y a las 8.30 horas se han incorporado varios operarios para proceder a clausurar nuevamente el edificio.Agentes del Grupo de Intervenciones Especiales (GIE) de Policía Foral que han entrado en el palacio han encontrado alargaderas, barras de uña, escaleras y pancartas, así como escombros que los propios ocupantes habían amontonado en la puerta para dificultar la entrada.

Una vez realizada la operación, a lo largo de la mañana el dispositivo de Policía Foral se limita a controlar la zona mientras se lleva a cabo de nuevo el sellado de la puerta que ayer fue abierta con una sierra radial.

En su nota, el Gobierno recuerda que intervino en el Palacio del Marqués de Rozalejo el pasado 8 de enero al conocerse que se estaban realizando obras en el interior "con el consiguiente riesgo para la seguridad de las personas".

Técnicos de Patrimonio realizaron una inspección y elaboraron un informe que concluyó que "no existe ningún tipo de garantía estructural ni se conocen las posibles prestaciones de la estructura ante sobrecargas por lo que el riesgo de uso es muy elevado".

El informe añadía que el factor eléctrico es el segundo factor de riesgo más importante pues "se ha comprobado que, además del enganche ilegal, la instalación eléctrica no cumple ningún punto de la normativa y se aprecian cuadros sin protecciones diferenciales, así como cableado y conexiones sin protección y al alcance de cualquier persona".

Por otro lado, el informe calificaba ambos riesgos de "extrema gravedad" y añadía otros factores que comprometen la seguridad de las personas y el edificio como son la posibilidad de incendio por acumulación de productos inflamables (en algunos casos próximos a cuadro eléctrico sin protección); o la posibilidad de caída al vacío por numerosos huecos sin protección y con carpinterías practicables.

Otros factores de riesgo incluidos en el informe son la "realización de actividades y manipulación de elementos voluminosos en zonas apeadas y con grave riesgo de ruina estructural; supuestas instalaciones contraincendios sin garantías de funcionamiento; o realización de actividades en las que pueden darse condiciones de aglomeración y sin contar con accesos ni instalaciones de prevención adecuadas.

Por último, el informe confirmaba la realización de diferentes obras en el edificio tales como cierres de fábrica, derribos de tabiquería, cierre del espacio bajo la escalera principal mediante doble fábrica de bloque armada, ampliación de la instalación eléctrica con enganche ilegal, picados, revocos y pintura y ejecución de falso techo.

A la vista de este informe, el Gobierno de Navarra clausuró este edificio de titularidad pública y decidió adoptar medidas correctoras para minimizar los riesgos.