Pamplona - El grupo municipal de Aranzadi se alineó ayer con UPN y el PSN para solicitar al Equipo de Gobierno municipal que “reconsidere” la postura de desmontar la pasarela del Labrit en la primera quincena de marzo, y que, entretanto, y a pesar de los dos informes técnicos externos que califican su estado de ruinoso, “se abra un periodo de trabajo con los autores de la pasarela para que puedan presentar sus cálculos y soluciones a posibles problemas”. UPN y el PSN también aprobaron que se inste a la empresa IDEAM, autora del último informe donde se plantea la “pronta retirada” a que, por el contrario, proponga “las soluciones de refuerzo y/o aprovechamiento de la estructura de la pasarela junto con su estimación económica”, y no salió adelante, como también planteaba UPN, que se adopten los acuerdos oportunos “para que se garantice la seguridad de los ciudadanos y que se reabra la pasarela en el menor plazo posible”.

El cambio de postura de Aranzadi, ahora que está fuera del Equipo de Gobierno, fue criticada por los grupos de EH Bildu y Geroa Bai, quienes le acusaron de saltarse las recomendaciones de los técnicos y alinearse con las aseguradoras, que en última instancia tendrían que asumir el coste de retirarla y hacer una nueva. Enrique Maya (UPN) defendió de nuevo que “esta pasarela es rehabilitable”, y si bien “compartimos que este Ayuntamiento no tiene que poner ni un solo euro”, debe “defender el patrimonio y rehabilitarla”. En la misma línea, Millera (Aranzadi) consideró ahora, frente a su postura en la Junta de Gobierno en 2016, que “este tema se ha politizado”, y achacó los defectos a las “prisas” con las que UPN la hizo en 2009 para recibir la subvención del Plan Zapatero. Además, se aventuró a decir que con los 75.000 euros que han costado los estudios externos quizá “se puede curar”. Esporrín (PSN) acusó de usarse este tema para hacer campaña, y preguntó si la empresa constructora era responsable del mantenimiento y si lo hizo o no.

Con las premisas de garantizar la seguridad de los ciudadanos y la seguridad jurídica del Ayuntamiento, Abaurrea (EH Bildu) y Gómez (Geroa Bai) reiteraron que este tema debe abordarse desde planteamientos “técnicos”, que son los técnicos municipales, amén de los informes externos, los que evidencian el estado de ruina del puente, por lo que preguntaron a los oponentes por qué “se ponen en el otro lado, fuera del interés público”. Por su parte, Eguino (I-E) pidió un informe jurídico sobre qué garantías tiene el Ayuntamiento de cobrar los 800.000 euros que pide, en el caso de que el tema llegue a tribunales.