Técnicos del Gobierno y de la defensa discrepan de los riesgos de seguridad y daños en Rozalejo

LA POLICÍA FORAL DIJO QUE PICARAN LOS SUELOS Echavarren recordó que este Palacio, adquirido en 2005 en principio para realizar una escuela de hostelería, se destinó en 2014 para centralizar los servicios de Euskarabidea, pero en 2016 el proyecto se vio frustrado por la falta de disponibilidad de presupuesto, que se destinó a otras prioridades. Ahora va a licitarse, según dijo, el proyecto para realizar allí el Instituto de la Memoria Histórica, cuyas obras prevé que empiecen en 2020. Los técnicos también afirmaron que el hecho de haber eliminado los suelos de las distintas plantas del Palacio se debió a un criterio recomendado por la Policía Foral para que no se produjeran más ocupaciones en el inmueble. Por estos hechos, el Gobierno de Navarra reclama la condena para los 22 investigados por un delito leve de usurpación con multas de entre 900 y 1.080 euros y la Fiscalía solo ve responsabilidad en tres de los denunciados (les reclama multas de 630 euros) y pide la absolución de los otros 19. Además, se exige en materia de responsabilidad civil hasta 34.168 euros por los daños causados en el edificio, las horas extra de los policías forales que intervinieron y las obras ejecutadas.

Sin embargo, una arquitecta técnica propuesta por la defensa de los investigados discrepó del criterio de los técnicos del Gobierno y sostuvo ayer que la clausura del edificio “ha contribuido una barbaridad a la merma de seguridad”, y que la parte del edificio que se usaba para actividades, aquella que da a la zona de la plaza de Navarrería, “era segura y se encontraba en buen estado”, según su criterio. “El uso del edificio no implicaba riesgo extra de incendio”, añadió. “Si ahora, que solo se puede acceder al edificio a través de la primera planta y con los bomberos, hay un incendio en ese edificio o en los contiguos cuyas estructuras son de madera, resultaría mucho más complicado de sofocar”, reiteró.

Esta técnica, que había accedido al edificio en varias ocasiones desde noviembre hasta enero, recordó que las escaleras, la fachada y el zaguán del edificio son elementos protegidos por su valor patrimonial. En el caso del zaguán, recordó que el hecho de haber actuado contra el suelo empedrado con un martillo neumático “fue un destrozo por mala praxis”.

Echavarren y Garralda opinaron al contrario: “Se hizo esa labor porque la aprobó Príncipe de Viana. Y, en el caso de una futura restauración, se tenía que haber llevado a cabo más adelante del mismo modo”. La jefa de Patrimonio negó que se tolerara por parte del Gobierno la ocupación del edificio y remarcó que existían “riesgos muy graves”, como que “se llegara a producir un fallo estructural” o “el riesgo de incendio”. “La estructura del edificio es de madera, estaba muy afectada por el agua, con síntomas de putrefacción en todas las plantas”, comentó. En este sentido, advirtió de que no “había garantía del comportamiento de esa estructura ante las sobrecargas de uso”. Y aseguró que “una aglomeración de gente en las actividades que allí hubo o el trasiego de materiales cuando se ejecutaron obras son razones suficientes para que pudieran haber provocado un fallo estructural, que afortunadamente no se dio”. “El riesgo existía y no era pequeño”, incidió Echavarren, para agregar que el “riesgo” estaba vinculado al uso, de tal modo que “en la medida que se usaba” el edificio “era más fácil que ocurriera ese fallo estructural”. “Sería una barbaridad usarlo en este momento tal y como está”, declaró.