Pamplona, 13 feb (EFE).- El portavoz parlamentario de Podemos, Mikel Buil, ha registrado una serie de preguntas dirigidas al Gobierno para saber cuántas viviendas se encuentran en Navarra en manos de fondos buitre y qué grandes constructoras, que recibieron subvenciones públicas, están detrás de esas ventas.

Tras conocerse que Testa Residencial ha adquirido en Rochapea y San Jorge dos bloques de viviendas de alquiler social, lo que puede poner en riesgo a más de 150 familias, Podemos ha registrado una batería de preguntas para conocer cuántas viviendas le consta al Gobierno que, tras caducar su calificación de VPO, han sido adquiridas por empresas de capital riesgo u otras entidades conocidas como "fondos buitres".

En este sentido Buil denuncia que esta situación viene provocada por las políticas de UPN "que, durante sus años de gobierno, pactó con grandes promotoras realizar viviendas de VPO, subvencionando con el dinero de todos los navarros y navarras tanto su construcción como parte del alquiler de quienes en ellas vivían para, posteriormente, con el paso de los años, darles vía libre para vender las en el mercado a fondos buitre".

"Cabe recordar -dice Buil- que hablamos de pisos de protección oficial, es decir, de personas en situación de vulnerabilidad o de exclusión social que un día reciben una carta en la que se les comunica que su alquiler ya no depende del Gobierno, que van a dejar de percibir ayudas y que el precio del alquiler se va a disparar, dejándoles en una situación de desprotección absoluta, en muchos casos, directamente en la calle".

Y hace hincapié en que "las grandes constructoras que han vendido estas viviendas a fondos buitre también están vulnerando los derechos de nuestra gente a través de los trapicheos con UPN y es especialmente preocupante no saber de qué dimensiones estamos hablando, ¿cuántas bombas de relojería nos ha dejado UPN a través de su gestión con las constructoras navarras?".

Por ello Podemos quiere saber también qué empresas constructoras han llevado a cabo este tipo de operaciones de venta de vivienda social a empresas de capital riesgo, la relación de promocionesque se prevé que sean descalificadas a lo largo de la legislatura, la titularidad actual de dichas promociones y los plazos de descalificación.

"No nos vamos a quedar de brazos cruzados ante esta situación y propondremos varias soluciones, incluyendo la modificación de la política de vivienda si fuera necesario", subraya Buil.