Un grupo de residentes del edificio de alquiler social adquirido hace 5 años por un fondo de inversiones (Testa Residencial) en la Rochapea se reunió ayer por la mañana frente a sus viviendas -algunas con pancartas reivindicativas colgando de las ventanas- para exponer la grave situación en la que se encuentran una vez que el propietario ha decidido subir los precios.

Hasta la fecha, las mensualidades para los inquilinos del bloque afectado, del número 119 al 131 de la avenida Marcelo Celayeta, oscilaban entre 180 y 540 euros, según la subvención asignada a cada residente, pero una vez terminado el plazo de 20 años establecido para la descalificación del inmueble, el precio del alquiler se revisa y se eleva hasta los 650 euros, y sin posibilidad de acceder a las ayudas del Gobierno por VPO.

Para todos ellos -la mayoría en paro, jubilados o familias con niños pequeños en situación de vulnerabilidad- se trata una cantidad inasumible dado los escasos ingresos que perciben, lo que les obligará a abandonar sus viviendas una vez venzan los contratos vigentes, con la certeza y el temor de que el mercado libre nunca les ofrecerá nada igual.

Ejerció de portavoz Rosa Felgar, que tras pasarse 6 años como activista de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) ayudando a los demás a conservar sus viviendas, ahora le toca defender la suya. Su contrato cumple en noviembre y es consciente de las dificultades para que su familia, su marido y dos niños de corta edad, pueda continuar en la vivienda si nada frena los planes del fondo inversor. Mientras detallaba ayer las conversaciones mantenidas con el Gobierno de Navarra y una solicitud al Ayuntamiento de Pamplona para analizar la situación, recibió el abrazo solidario de Yulan, que hace 2 meses tuvo a su lado a Rosa cuando ella misma sufrió un desahucio. "La verdad es que me cuesta un poco asimilar que antes luchaba por el derecho a la vivienda de los demás y ahora me toca hacerlo por mi familia, pero no queda otra opción que seguir luchando", comentó. Explicó que la empresa Testa está reclamando 625 euros para viviendas de dos habitaciones y 650 para tres dormitorios. "Los dos primeros años no entran los gastos de comunidad, luego sí, por lo que incluyendo éstos y el IBI se pondrán en los 740-750 euros", aseguró.

Poco después llegó Tamara Estupiñán, de 36 años, que reside con su marido, Junior, sin trabajo, y sus tres hijos: Ezequiel de 13 años, Elisabeth de 6 y Joana Esther, de 10 meses. En su caso, el contrato acaba a finales de julio.

Miguel Ángel Pognante SforzaMaría de las Nieves Vindondo MunárrizJuani García RománImad

Javier EriceArantza Garín Laura SánchezFannie Flores

Maite SuescunValentín Olázar ReyMaría Luis Rico

Mustafá Kchioucha

María Pilar GonzálezSantiago del ÁrbolFelisa Asurmendi ArticaMaría Concepción del Campo

Marian BlancoGabriela

Dimitar Stoev

Marino Borja