pamplona/iruña – La Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) reunió ayer a los vecinos afectados en el barrio de San Jorge por la compra de viviendas de alquiler social de fondos de inversión, conocidos como fondos buitre.
La PAH, convocante de la reunión ayer en el barrio, y el domingo en Rochapea, hizo valer el encuentro tanto para transmitir su reivindicación al Gobierno de Navarra de medidas a largo plazo que frenen la actividad de estos fondos, como para tranquilizar a las familias afectadas pues tienen la convicción de que "nadie va a tener que salir de sus casas", expresó el portavoz Ángel Larrea. El vocal compareció ante decenas de personas en el auditorio de civivox San Jorge, junto a dos afectadas, Noelia Pérez y Cristina Iribarren, también pioneras de la movilización.
A la espera de lo que depare la reunión de hoy entre el Gobierno de Navarra, encabezado por el vicepresidente Ayerdi, y los representantes del fondo de inversión Testa Residencial, la PAH detalló ayer la propuesta del Ejecutivo foral en este momento. El primer paso será en el Pleno del día 27 de este mes, "en el que se presentará una moción in voce para que las familias que tenían la protección de 20 años puedan seguir disfrutando de subvenciones", expresó Larrea. Para que sea debatida en la sesión, no aprobada, matizó, necesitan el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Algo que tienen garantizado tras reunirse con todos ellos, expresó Larrea, que la propuesta pase a debate.
La condición para que esa medida sea efectiva, todos los planes de ayuda a la vivienda del Gobierno de Navarra (David o Emanzipa) exigen que el precio del alquiler no supere los 650 €. Y ahí entra Testa. El planteamiento de la empresa en la negociación, afirmó Larrea, pasaría por aceptar los "650 € por los pisos de 3 habitaciones, pero pedir 625 € por los de dos y 600 € por los de una habitación". La confesión generó la indignación del público. En estos momentos, completó Larrea, hay 390 viviendas afectadas, pero al finalizar el año serán 700 y en los años sucesivos más", por el vencimiento de la protección de veinte años de las viviendas. No obstante, este aumento contenido subiría inevitablemente los alquileres actuales. "Habrá que analizar las subidas de 150 euros en estas restas a futuro", matizó.
La PAH, que cifra las viviendas de Testa en España en 11.000, abunda en sus propuestas. "Esto es un apaño, no es la solución", denunció Larrea. La plataforma pide además que el Gobierno no permita a entidades como bancos o fondos de inversión desahuciar a familias que no tengan alternativas habitacionales, al estilo "de la ley aprobada en Cataluña"; pedir el Ejecutivo la construcción de nuevas viviendas de VPO y al Ayuntamiento de Pamplona a rehabilitar las más de 100 casas de su propiedad que tiene sin condiciones de habitabilidad; y que las ayudas forales faciliten rentas a familias que de forma repentina como por la pérdida de empleo, necesiten acogerse a ellas.
"que no salga nadie" Abierto el turno de preguntas, las dudas y miedos saltaron al instante. Las primeras preguntas plantearon qué sucederá con los avales depositados para acceder a sus viviendas o qué ocurrirá si de buenas a primeras les llega una factura superior a la que pagan como viviendas protegidas. En ese caso, respondieron los activistas, "hay que pagar la misma cantidad que hasta ahora. Y en el caso de que se produjeran desalojos, "que nadie salga de su casa", afirmaron. La PAH entregó un cuestionario a los asistentes para que lo rellenaran los afectados y así analizar la afección real. "Hay que animar a la gente a que no se crea que por quedarse en casa se va a librar", terminó Larrea, llamando estar alerta de futuras movilizaciones.
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