- El PSN presenta hoy en la Comisión de Asuntos Ciudadanos una iniciativa para que el Ayuntamiento deje de utilizar el término de “violencia familiar” para referirse a los casos de violencia sexista que sufren las mujeres, después de constatar que en los informes del Área de Seguridad Ciudadana, las denuncias de violencia de género o machista “se incluyen dentro del término de la llamada violencia familiar” e “insta al equipo de gobierno a que en todos sus informes y comunicaciones públicas llame por su nombre a estas agresiones sexistas”.

La concejala Silvia Velásquez comentó que han presentado reiteradas demandas para que no se utilicen expresiones como “maltrato en el ámbito familiar”, para ocultar lo que es en realidad “violencia de género”. Dijo que en las comunicaciones que realiza Seguridad Ciudadana sobre sus actuaciones en Pamplona utiliza el primer término, algo que, según dijo, es un eufemismo que “parte de la derecha y, de manera singular, la ultraderecha de Vox, está alentando para intentar diluir e incluir la problemática de la violencia de género y machista en el concepto de violencia familiar o intrafamiliar”. Velásquez consideró “inadmisible” que, en la información municipal que se da a los medios de comunicación, “el equipo de Gobierno intente diluir los casos de violencia machista, como sucedió en los informes enviados durante los no Sanfermines”.

Por otra parte, la portavoz del grupo municipal Maite Esporrín mostró su apoyo a la construcción de vivienda social en la Ripa y rechazó “la utilización política que Navarra Suma está haciendo de este asunto única y exclusivamente para confrontar con el Gobierno Foral”, recordando que Maya planteó trasladar las viviendas de la Ripa a un solar dotacional donde están previstos los servicios públicos del barrio, privando de estos a los vecinos de esta parte de Ripagaina” y esto “va en contra de nuestro modelo de ciudad porque acentúa las desigualdades urbanísticas y sociales dentro del barrio.

La concejal aseguró que seguirán respaldando el plan del Gobierno foral ante la necesidad de vivienda social en régimen de alquiler, con más de 9.000 solicitudes en Navarra.