El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona ha rechazado el planteamiento del equipo de gobierno de Navarra Suma para "no prorrogar los contratos con los equipos preventivos en ocho barrios de la ciudad con la excusa de impulsar una falsa municipalización del servicio de prevención infanto-juvenil".

Para la coalición, esta decisión "esconde un ánimo de venganza" contra estos equipos que "han cuestionado la estrategia de Navarra Suma de revertir el modelo de intervención social en materia de prevención vigente en la ciudad desde hace 25 años para imponer una dinámica basada en el asistencialismo".

EH Bildu ha afeado la "celeridad" del gobierno municipal para "imponer esta nueva reversión, aumentando además el gasto". Además, ha censurado la situación de "absoluta indefensión" en la que esta "nueva chapuza" va a dejar "a miles de txikis y jóvenes en esta ciudad que, de cumplirse los planes de Enrique Maya, se van a quedar de la noche a la mañana sin sus referentes más directos en un tema tan clave para su desarrollo como es la inserción socio comunitaria".

"¿Quién los va a atender? ¿Qué transición está prevista para ellas y ellos? ¿Qué pueden hacer 17 técnicos, de los que 14 aún no han sido contratados, para dar el servicio que ahora dan 30 técnicos y cerca de 400 voluntarios?", se pregunta la coalición, que ha asegurado que "este es un plan que sólo busca una venganza política y para ello da igual que miles de txikis y jóvenes vayan a sufrir una merma importante en la calidad del servicio que reciben".

La coalición ha afirmado que "un plan que rebaja la calidad del servicio y aumenta el gasto reduciendo el personal, es difícilmente justificable", y ha destacado que "implicaría hasta 100.000 euros más de gasto anual, rebajaría de 30 a 17 los profesionales que están trabajando en estas dinámicas, no se primaría estar insertos en el tejido asociativo y en la realidad social de los barrios ni se podría garantizar la implicación del sistema de voluntariado sobre el que hoy se sustenta la atención".

Desde el punto de vista administrativo, EH Bildu ha advertido de las "consecuencias legales y económicas que para el Ayuntamiento podría tener otro expediente armado de forma tan chapucera". Así, ha señalado que "en la documentación remitida ni se ha incluido el proyecto técnico del nuevo servicio, ni existen informes del personal funcionario del área (sólo informes de cargos de libre designación), ni se adjunta una evaluación sobre el desarrollo de la actividad de los equipos preventivos a los que se pretende sustituir ni se ha informado a la comisión pertinente".

"Si se bucea en el expediente nos damos cuenta que el primero de los informes tiene fecha de 18 de octubre y el último de ayer mismo con lo que concluímos que lo han armado en 10 días, aprovechando el contexto COVID, echando mano sólo de cargos de confianza sobre un proyecto que no incluyen y sin informar previamente a nadie", ha criticado el grupo municipal, que ha destacado que, "además quieren que esto se apruebe en el plazo de una semana sin evaluar las posibles consecuencias que para el Ayuntamiento podría tener un previsible contencioso legal".

Así las cosas, EH Bildu ha calificado esta medida de "venganza política y sectarismo" y ha asegurado que "María Caballero no ha perdonado lo sucedido en verano cuando los Servicios de Acción Preventiva Comunitaria recurrieron y ganaron en tribunales su decisión de obligarles a desarrollar los Campamentos urbanos". La coalición ve en esta operación "un paso más en la estrategia de la derecha de sustituir un servicio de acción comunitaria que han tratado de eliminar en numerosas ocasiones" y ha advertido que también se pretende modificar "el modelo de intervención con la infancia, un tema tan serio que no merece ser tratado con esta precipitación y con este oscurantismo".