- A pesar de las protestas, de las concentraciones y de las quejas, de las apelaciones al sentido común e incluso de una enmienda presentada por EH Bildu y Geroa Bai para "paralizar" el expediente de restricción de los contratos con los Servicios de Acción Preventiva Comunitaria (SAPC), no hubo manera. El PSN y Navarra Suma en el Ayuntamiento de Pamplona decidieron en el pleno de ayer con sus votos acabar con los 8 equipos preventivos que trabajan en los barrios de la ciudad, cuya labor pasará a ser gestionada directamente por el Consistorio, lo que en muchos casos supone eliminar de un plumazo redes que se han tejido durante años para proteger a sectores tan vulnerables como la infancia y la adolescencia.

La medida, que contó con la oposición de EH Bildu y Geroa Bai, suena a "venganza, chapuza e irresponsabilidad", tal y como calificó Joseba Asiron (EH Bildu), que valoró que se trata de "la vuelta que quiere cobrarse por el revés judicial padecido en verano, cuando quiso forzar de manera ilegal la voluntad y el criterio de los equipos y de los técnicos municipales, y así se lo dijo el tribunal de contratos de Navarra", dijo a María Caballero.

El exalcalde indicó que este nuevo proyecto que presenta Navarra Suma "es también la continuación de todo un histórico de agresiones contra estos equipos, algo que arranca ya en 2011 con los recortes salvajes que entonces hicieron ustedes contra los recursos destinados a la infancia. Una decisión cargada de una inquina personal y política nunca avalada por los criterios técnicos, y la prueba es que los técnicos de esta casa se han mostrado contrarios a este desmantelamiento", señaló, denunciando la "prisa desordenada" de un expediente "montado a espaldas de los técnicos, de los equipos, sin consultar al responsable del programa de infancia, del proyecto, sin informes favorables de ningún tipo y sin contar con el Gobierno de Navarra. Es un auténtico despropósito".

Patxi Leuza (Geroa Bai) también abogó por extender el servicio a todos los barrios, y diferenció, por una parte, la presentación del proyecto, "del que por ahora no tenemos más que el nombre y ni eso, una palabra en inglés que ni siquiera va a poder utilizar"; y, por otra, "la no prorrogación del contrato con los equipos preventivos, ya que todavía quedaba la posibilidad de hacerlo por tres años. Una es su obsesión y lo otro es una nube, todavía no sabemos nada -señaló-. En mitad de una situación muy complicada van y se cargan algo que funciona y van a dejar colgado un trabajo que se realizaba con normalidad para ofrecer absolutamente nada".

María Caballero (Navarra Suma), avanzó que su propuesta para que el servicio se preste de manera directa y con medios propios, "es una decisión meditada, trabajada y estudiada detenidamente" que el equipo de Gobierno hace convencido "de que va a suponer una mejor atención a la infancia, a la adolescencia y a las familias en general". Una firme apuesta, dijo Caballero, "por reforzar los servicios sociales. En la actualidad no llegamos a todo Pamplona ni se cubren las prestaciones que se debieran incluir. Tenemos un servicio fraccionado en 8 barrios que deja a otros cinco sin atención, y dedicado fundamentalmente a acciones de ocio y tiempo libre".

Su proyecto Coworkids echará a andar el 1 de enero de 2021 y creará "de manera inmediata" una nueva unidad de servicio de prevención municipal, dijo, organizada por un equipo centralizado de 5 profesionales, una comisión técnica, que contará con los dos técnicos actuales de acción comunitaria, un pedagogo y un psicólogo, además de un coordinador al frente de ellos, que impulsarán las políticas y las acciones "de este nuevo programa público de la infancia", apoyado por 14 profesionales que se contratarán a pie de calle. "Las asociaciones que tienen ahora mismo ese enganche en los barrios tienen la posibilidad de seguir trabajando en ellos vía subvención. Nadie está eliminando nada", indicó.

Maite Esporrín (PSN), por su parte, justificó su apoyo señalando que la gestión directa del servicio "es la más adecuada para atender a las personas más vulnerables", valoró, y señaló que no se puede desechar "la experiencia que se ha llevado a cabo hasta este momento en algunos barrios. Abogamos para que se siga trabajando con todos los profesionales y personas voluntarias que han ejercido hasta ahora esta competencia". Recordó que a este recurso "se destinan 1,2 millones de euros, y por ello todo el mundo tiene el derecho de acceder a los puestos de trabajo con concurrencia pública".

No sirvió el intento de EH Bildu y Geroa Bai para iniciar un proceso de valoración de estos servicios, "incluyendo su modelo, funcionamiento y financiación", como pedían en la enmienda que fue rechazada por Navarra Suma y PSN. Tampoco las palabras de Yessenia Puche, portavoz de la plataforma Buztintxureando Txuri, que al principio de la sesión criticó que desde el nuevo plan se justifique el cambio de modelo para llegar a más población, algo que "no se entiende cómo se hará con menos técnicos y con perfiles formativos menores", explicó, señalando que "no hay una negativa a la municipalización del servicio, sino oposición a que se quiera acabar con unos servicios considerados como esenciales y un modelo reconocido como ejemplo de buena práctica".