La mayoría municipal del Ayuntamiento de Pamplona ha consensuado una iniciativa para modificar el reglamento y permitir la creación de una Comisión Especial que investigue el uso de recursos municipales en interés de la coalición Navarra Suma.
La propuesta para poner en marcha la comisión de investigación fue presentada en el Pleno del pasado jueves, pero el alcalde Enrique Maya no permitió el debate y decidió retirarla del orden del día tras dos recesos.
El argumento empleado por Navarra Suma es que el objetivo de la comisión -determinar la labor realizada por el responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento- puede tener consecuencias legales, además del riesgo laboral que afecta al citado cargo de libre designación, que elaboró un informe para la coalición UPN-PP-Cs en contra de la planta de residuos proyectada en Imárcoain.
Un peritaje informático que desveló EH Bildu asegura que el jefe de los servicios jurídicos empleó más de 30 horas desde su ordenador oficial del Consistorio y en horario laboral para los trabajos de Navarra Suma en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP).
Para poder conocer lo sucedido y el alcance de los trabajos realizados para Navarra Suma, los tres grupos de la oposición, que cuentan con mayoría en el Pleno, pretender cambiar el Reglamento del Pleno .
Para ello, la mayoría progresista ha acordado promover un Pleno extraordinario en el que el único punto será la citada modificación.
En concreto, EH Bildu, PSN y Geroa Bai piden la introducción en el Reglamento del Pleno de hasta 6 nuevos artículos de los que 5 se recopilarían en un nuevo capítulo.
El primer cambio consiste en añadir, en el artículo 102 del Reglamento, la propia figura de la comisión de investigación equiparada a las comisiones permanentes y no permanentes, ya existentes
El segundo gran cambio es la introducción del Capítulo VI que es el que desarrolla, en cinco artículos, las competencias de las comisiones de investigación.
Respecto al funcionamiento, se prevé que estas comisiones "podrán instar a que comparezca cualquier persona que pueda tener relación con el asunto que se esté investigando o cuyo testimonio se estime conveniente".
Asimismo, se propone que estas herramientas puedan "recabar cuanta documentación e informes convengan a su fin específico, y requerir a otras Administraciones Públicas para que colaboren".
La obtención de antecedentes y documentos necesarios para esclarecer los hechos será otra prerrogativa de los miembros de estas comisiones respecto a los trabajadores de la administración municipal.
Asimismo, se establece que "se podrá requerir la comparecencia de concejales/as y personal empleados de cualquier condición (funcionarial, interino, libre designación€), para que expliquen los hechos que han realizado, producido o conocido".
Respecto a la publicidad de las mismas, el texto normativo propuesto reserva a la votación de la propia comisión "qué sesiones o qué parte de esas sesiones serán públicas con acceso a la ciudadanía y a los medios de comunicación".
La modificación propuesta por los tres partidos de la oposición prevé que la primera convocatoria de una comisión de investigación se realizará "en un plazo no superior a los diez días desde la aprobación del acuerdo de creación por el Pleno, sin que en ningún caso pueda coincidir el mismo día con otras Comisiones Informativas o sesiones de Pleno". El resto de convocatorias se decidirán por mayoría en cada sesión celebrada.
Al final de estos trabajos se encargará un informe que se aprobará por mayoría y al que se adjuntarán los votos particulares que se hayan hecho sobre las conclusiones.
Una vez formalizada hoy la solicitud ante secretaría, el Reglamento marca que el alcalde tiene 15 días hábiles para convocar el Pleno extraordinario y, de no hacerlo, éste se convocaría, automáticamente, a las 12 del mediodía del quinto día hábil siguiente.
En fechas y si el alcalde acepta la petición de quienes representan la representación mayoritaria de la ciudadanía, el Pleno debería celebrarse como muy tarde el 31 de mayo. En el caso de que Maya rehúse cumplir el mandato de la oposición, la sesión se convocaría alrededor de la segunda semana de junio.
El texto presentado hace referencia expresa a que esta convocatoria tiene que ver con "las denuncias por uso irregular de recursos públicos realizadas en este Ayuntamiento y las dudas que el alcalde y el concejal de Vivienda, Juan José Echeverría, han suscitado sobre este fenómeno y la posibilidad de utilizar los servicios jurídicos municipales para uso particular de un partido o coalición política".
