cUANDO una carga policial deriva en el fallecimiento de un ciudadano como consecuencia del impacto de una pelota de goma la tragedia no puede reducirse a una cuestión meramente técnica, tanto por la alarma social que conlleva como porque el procedimiento se demuestra equivocado, por notoriamente desproporcionado hasta el punto de resultar letal. Así lo interpretó ayer la mayoría del Parlamento de Navarra, que entiende como mínimo obligada la revisión del material antidisturbios que se emplea en la Comunidad Foral al objeto de impedir que pueda ocurrir en esta tierra un óbito como el ocasionado por la Ertzaintza en Bilbao, en la persona del infortunado joven Iñigo Cabacas, tras un partido del Athletic. Esta reflexión compartida por los grupos progresistas de la Cámara, puesto que UPN y PP consideran un exceso que los políticos se posicionen sobre este particular -como si no fuera de interés social-, supone otra falla en el Gobierno de Barcina, si bien la consejería de Interior es una de las que gestiona el PSN, concretamente el vicepresidente Jiménez. Que si actuara conforme a lo declarado ayer por el portavoz socialista Lizarbe, éste a su vez coincidente con la posición de los sindicatos de la Policía Foral, debería abordar de inmediato la evaluación crítica del material antidisturbios empleado y, en consecuencia, de los propios procedimientos de respuesta policial en la calle. Una apuesta por garantizar una mayor proporcionalidad en la gestión del Orden Público que, obviamente, no supone revisar el ejercicio del derecho de reunión, regulado por la Ley Orgánica 9/1983 -de 15 de julio- y basado en la comunicación previa a la autoridad gubernativa de las manifestaciones o concentraciones a desarrollar en la vía pública. Por lo demás, este debate concreto sobre las pelotas de goma, que en Navarra también usan la Policía Nacional y la Guardia Civil en sus respectivas demarcaciones, podría tener la virtualidad de propiciar otro de mayor calado sobre el modelo policial de esta Comunidad, donde se cuentan casi 4.000 agentes incluyendo los de los Cuerpos municipales. Una coexistencia difícil, porque, además del obvio sobredimensionamiento de efectivos, sigue sin mediar un reparto competencial claro y en consecuencia la coordinación es una quimera con resultados a veces nefastos para la persecución del delito por la rivalidad entre uniformes, más sin ETA operativa.