Los poderes y la ley del embudo

La ordenación y distribución de los poderes del Estado en Legislativo (políticos), Ejecutivo (políticos del Gobierno y funcionarios de la Administración) y Judicial (juristas) lleva consigo que políticos y juristas sean los profesionales fundamentales para el desarrollo de sus funciones.

Con la mayoría absoluta del Partido Popular en 2011, en plena crisis, comenzó a percibirse que de día en día tomaba mayor cuerpo la crítica relacionada con el comportamiento moral de los profesionales de los poderes del Estado, reprobación que ya traía cola. Ciertamente significaba más reproches, si bien muchos adolecían de sombras y parcialidad a fin de diluir interesadamente el propósito de la queja; con todo, la crítica no ha caído en saco roto, de modo que hoy recordamos acontecimientos como la ley mordaza (represión policial), el caso Zaida (indefensión de los militares), la nueva sede del Banco Central Europeo en Frankfurt (en época de crisis un despilfarro de 1.300 millones de euros, casi un 50% más del gasto inicialmente estimado) o los enredos de corrupción más inmediatos que envuelven a consabidos políticos.

Con la ética (conducta) y la moral (valores que guían la conducta) de por medio siempre ha habido comentarios suscitados por la violencia, la intolerancia o el derroche de recursos, por ejemplo; han sido muestras de la complejidad social y la variedad de posturas ante ella. Pero cuando, según interesa, la reprobación aparece deformada adrede mediante valores mustios y amorales representa la corrupción, el laxismo moral que confunde los valores y los convierte en algo que recuerda a la ratería del mando, a la ley del embudo (lo estrecho de la implacabilidad del valor para el ciudadano de a pie; lo ancho del laxismo moral para quien tiene poder), a capotear el principio de igualdad.

Costumbre, norma, ley, castigo, contrato, autoridad, conciencia? son expresiones presentes en el concepto de moral, son sus valores. La ética expresa algo que va más allá: es el proyecto racional de la persona para fundamentar su comportamiento por encima de la implacabilidad del valor (por ejemplo, de la de la ley severa) y del laxismo moral.

Surge, pues, una contradicción (¿laxismo o implacabilidad?) que necesita ser aclarada; una explicación nos llega de las investigaciones que sobre el razonamiento moral realizó el psiquiatra estadounidense Lawrence Kohlberg. Según Kohlberg, el individuo experimenta a lo largo de la vida un desarrollo de asentamiento de valores y conductas referentes a personas, deberes y preceptos; es un progreso (o estancamiento) que se aprecia en la superación (o no) de tres niveles (pre-convencional, convencional y post-convencional) de mejora psicosocial, cada uno con sus etapas matizadas de avance. Se parte de perspectivas especialmente interesadas hasta llegar a las esencialmente sociales, de modo que si en el inicio del pre-convencional no se aprecian debidamente la autoridad, las reglas o la partición social, en el convencional la persona actúa según sus expectativas y, a la vez, respetando las obligaciones pactadas por su emparejamiento con otros y con la sociedad; finalmente, en el post-convencional el sujeto comprende y respeta los valores y reglas sociales, que son superadas cuando el pensamiento y la actuación pasan a basarse en los principios y valores dispuestos por él y a través de los cuales juzga cualquier circunstancia. Quienes han alcanzado la etapa final del tercer nivel (un porcentaje muy reducido de la población) son personas que, libres de toda manipulación, ya han determinado las líneas de su comportamiento.

¿Qué manipula las actuaciones privadas y las profesionales (por ejemplo, de políticos y jueces), qué impide progresar en esa escala del razonamiento moral planteada por Kohlberg? Personalmente, tal vez todos tengamos experiencias como para responder a la pregunta.

En cuanto al jurista profesional hay que pensar que es el encargado de administrar justicia de forma autónoma e independiente y que sus actuaciones son puestas a prueba cuando ha de decidir acerca de controversias sociales y el destino de muchos. Se le presupone competencia para enfrentarse a situaciones conflictivas y complejas, pero, sin dejar de lado la tolerancia necesaria para salvar dudas legales en relación con las peculiaridades de la persona juzgada. No obstante, el jurista se muestra en exceso como el escueto cumplidor de la ley que no llega a plantearse el valor principal de la actuación judicial: la Justicia.

Y el político? qué decir de él, salvo que todos sus deberes tienen que ver con la honradez personal y el interés ciudadano.

Acabo con ciertas suspicacias: ¿más allá de los discursos huecos para hinchar pecho, dónde queda el peso de la Justicia y los demás valores sociales?, ¿por qué cuando se juzgan casos de corrupción hay tanto celo legal unas veces (implacabilidad) y otras no (laxismo)?, ¿es posible erradicar la corrupción en todas sus formas (prevaricación, cohecho, estafa?? Sin duda alguna la corrupción desaparecerá cuando se respete la Justicia, la que se escribe con mayúscula, la única que tiene valor, por parte de todos.

Por cierto, ante tanto reproche denunciado en todas partes, ¿qué listas para las próximas elecciones están fehacientemente limpias de tacha alguna? En fin, ha llegado el momento de abrir bien los ojos y leerlas con la lupa en la mano.