aroma de Gamazada en vísperas navideñas, con el anuncio de la Hacienda Foral de no liquidar 93 millones de euros en favor del Gobierno español, algo inédito en Navarra pero que es habitual desde hace varios años en la Comunidad Autónoma del País Vasco. En esa comunidad la disputa por el Cupo se ha convertido en costumbre (el Gobierno Vasco no le paga al de Madrid, luego éste no le paga la parte correspondiente a los ajustes del IVA, y así durante años hasta que, de manera totalmente opaca, se llega a un acuerdo político, en el que este tema queda zanjado). Esperemos que el camino que inicia ahora el Gobierno de Navarra pase por una vía distinta, la de la firmeza y la confrontación con el Estado. Mostrar voluntad de ir en esa dirección requeriría, en primer lugar, que se haga público el informe que ha elaborado la Hacienda navarra sobre la aportación y cuánto de más ha venido pagando Navarra al Estado español. Algo que aún no ha ocurrido. Sin transparencia no hay confrontación posible con el Estado y se facilita que el problema se resuelva “a la vasca”.

En todo caso, lo que sí está claro es que no habrá justicia social sin un sistema tributario justo, con reparto de la riqueza mediante una recaudación suficiente para garantizar los servicios públicos.

Uno de los elementos que provoca desigualdad y tratamiento de favor hacia quienes más tienen son los beneficios fiscales que hay en todos los impuestos. Son exenciones, bonificaciones y deducciones gracias a los cuales algunos terminan pagando menos.

El Parlamento de Navarra aprobó a finales de 2016 reducir los beneficios fiscales en el IRPF para los planes de pensiones privados. Es, sin duda, una decisión encaminada a hacer más justa la fiscalidad. Pero, de momento, es insuficiente.

Esta modificación supone que será menor el trato de favor que, al hacer la declaración de la renta, recibirán quienes aporten dinero para sus propios planes de pensiones privados. En conjunto, dejarán de ahorrarse 3 millones de euros. Dicho de otra forma, las arcas públicas ingresarán 3 millones de euros más. No está mal.

Y este dinero, que proviene de un beneficio fiscal que solo interesa a las rentas con capacidad de ahorro (en ningún caso a quienes no llegan a fin de mes) y a las compañías especuladoras (las que gestionan esos planes), puede ir a costear servicios públicos, y conseguir un efecto redistributivo.

Aun así, quienes inviertan en planes de pensiones se ahorrarán 38,5 millones de euros en 2017. El Gobierno ha reducido 3 millones, por lo que todavía hay mucho margen. Después de las deducciones por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual, este es el beneficio fiscal que más dinero supone en el IRPF.

El Presupuesto de Navarra de 2017 es de 4.022 millones de euros (descontando el TAV, que en teoría devuelve el Estado). Y lo que se deja de recaudar por beneficios fiscales asciende a 1.424 millones de euros. Es decir, sin estas exenciones, el presupuesto podría superar los 5.000 millones.

Se ve más claro que nunca que es necesario revisar y cambiar, estructuralmente, todos los beneficios fiscales que solo sirven para dar un trato de favor a las rentas altas y a las empresas. Es un elemento de injusticia social.

Y luego está el Impuesto de Sociedades: ha pasado de recaudar 593 millones de euros en 2007 a 217 en 2015, una pérdida que no se explica con la evolución de la economía, puesto que en 2015 el PIB ha sido superior al de 2007 (un 3,4%).

Si el Impuesto de Sociedades recauda poco más que la tercera parte que hace 8 años es porque este impuesto está diseñado para que las empresas no lo paguen o paguen muy poco. Casi la mitad de las empresas declaran haber tenido pérdidas (el 46%), por lo que no pagan, y además, estas pérdidas servirán para pagar menos en los próximos 15 años (si es que declaran tener beneficios).

Así, una vez que casi la mitad de las empresas no paga nada por este impuesto, el resto paga una media del 16,5%, aprovechándose de todos los agujeros que tiene. Muy lejos del 28% y 23% (según el volumen de la empresa) que establece la ley.

Además, entre 2013 y 2017 las empresas dejarán de pagar 542 millones de euros por beneficios fiscales. De ellos, 189 son por inversiones y creación de empleo. La deducción por creación de empleo no sirve para su teórico fin, ninguna empresa contrata a nadie por la deducción que le suponga, sino que se contrata si necesita mano de obra. Otros 125 millones son deducción por I+D+i, cuyos criterios son más que cuestionables en la mayoría de los casos.

En 2017, solo con las deducciones por inversión y creación de empleo y la deducción de I+D+i se dejarán de recaudar 70 millones de euros. Y en este punto, además, la Hacienda Foral aprobó el último día de 2016 otra deducción en el Impuesto de Sociedades, siguiendo seguramente el dictado de asesores fiscales más interesados en proporcionar a sus clientes herramientas de elusión fiscal que en contribuir a aumentar la recaudación pública para combatir recortes sociales y de servicios públicos. Al mar, agua.

La decisión del Parlamento de Navarra para reducir los beneficios fiscales a los planes de pensiones queda neutralizada con las deducciones que se aprueban en paralelo (con menos propaganda y explicaciones más confusas).

Se debe avanzar mucho más, y se debe decidir entre seguir con los privilegios de las empresas y las rentas más altas para pagar menos impuestos, o recaudar más dinero para invertirlo en gasto social y redistribuir también la riqueza.

Firman este artículo: Iñaki Zabaleta e Iván Giménez