Un despropósito jurídico

Las durísimas peticiones de cárcel contenidas en los escritos de acusación presentados ayer tanto por la Fiscalía del Tribunal Supremo como -aunque en menor grado- por la Abogacía del Estado podrán ser las adecuadas a los delitos consignados en el Código Penal que pretenden imputar a los líderes independentistas catalanes -rebelión o sedición y malversación- pero más allá del número de años de prisión son un gran despropósito jurídico. Durante todo el denominado procés, en Catalunya no ha habido ni rebelión ni sedición ni probablemente malversación de caudales públicos. El proceso soberanista que culminó en el referéndum del 1 de octubre y en la declaración de independencia inmediatamente suspendida ha sido absolutamente abierto y público y en el mismo no han existido ni remotamente ninguno de los elementos que el propio Código Penal determina como inherentes a los delitos achacados a Oriol Junqueras -supuesto líder del procés-, al resto de consellers, a los miembros de la Mesa del Parlament y a los Jordis. No ha habido esos delitos porque en ningún caso se ha producido un “alzamiento violento y público” -necesario para el delito de rebelión- ni un “alzamiento público y tumultuario” -en el caso de la sedición-, sino un proceso abierto, ciudadano, participativo, plural y, sobre todo, pacífico. Al menos, por parte del soberanismo, ya que el Estado sí utilizó la violencia contra la ciudadanía el 1-O. Solo desde criterios y argumentos políticos -y no otra cosa parecen los exagerados relatos de los escritos de acusación- y no jurídicos pueden explicar las peticiones de condena. A los efectos, la diferencia en el criterio entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado -es decir, entre la rebelión y la sedición- es poco relevante, aunque incluye una notable rebaja en cuanto a la petición de años de cárcel, y tanto por las explicaciones del Gobierno como por las furibundas reacciones de la oposición viene a demostrar el impulso político que parece viciar la causa. En todo caso, la nueva posición de la Abogacía del Estado difícilmente puede considerarse un guiño o un gesto de Sánchez al independentismo y más bien viene a ser una maniobra política de corto alcance. Porque solo la apertura de un diálogo político con una solución democrática encima de la mesa y no el encarcelamiento durante años de 18 personas puede dar una salida real al conflicto en Catalunya.