Coincidencia o no -en estos casos siempre me situó en el no-, el adelanto de las elecciones generales y de la campaña electoral ha trastocado el calendario de los juicios con mayores implicaciones políticas. En su mayor parte, los que afectan a los altos dirigentes del PP, Rajoy incluido, en la eterna sucesión de casos de corrupción que acumula este partido. De todos ellos, desde la Púnica a la Gürtel, el que siempre sale mejor parado es el proceso judicial sobre el caso de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas y su lista con los beneficiarios del cobro de sobresueldos, en el que también aparece Rajoy, que comparten esquema de funcionamiento con mordidas, facturas falsas y uso de dinero público para enriquecimiento personal o para impulsar los gastos electorales. Es una realidad objetiva que se ha diseñado una gran operación para hacer un borrado programado de la corrupción. Como el PP borró a martillazos -35 nada más y nada menos- los ordenadores de Bárcenas para eliminar pruebas y dificultar la investigación de su financiación irregular. Y con la connivencia de la Fiscalía, que desde el comienzo se ha opuesto a la investigación judicial del caso argumentando que esas pesquisas no aportarán elementos de interés para el caso y mantiene su petición de absolución de los implicados. De coña. Saber cuándo, por qué, quién, para qué y, sobre todo, qué contenían esos discos duros no tiene para la Fiscalía interés judicial alguno. El aplazamiento de este juicio, que habían pedido los abogados defensores del PP y de otros altos cargos del partido implicados -entre otras razones por tener otras vistas judiciales coincidentes en estos días por otros casos de corrupción, lo que ya dice todo-, sólo acrecenta la imagen de un intento acordado en las altas esferas del poder político, financiero, empresarial y judicial por intentar dejar en agua de borrajas la corrupción. El borrado a martillazos de los ordenadores de Bárcenas lleva ya más de seis años coleando por los tribunales de justicia a la espera de que el proceso pueda quedar anulado o simplemente que los delitos prescriban finalmente. Y así todo.