Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Transcurridos cuatros años desde su aprobación, con un respaldo sin precedentes, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas, de carácter integrado, global e indivisible, convenientemente localizados, constituyen una adecuada herramienta de planificación que debe guiar las políticas públicas de los próximos años en las diferentes administraciones de nuestro territorio.

A pesar de sus limitaciones y abiertas contradicciones (insiste en un modelo de desarrollo neoliberal, apenas prevé la movilización de los recursos financieros necesarios para enfrentar la creciente desigualdad y carece de mecanismos sólidos para exigir cuentas a los gobiernos y para la participación de la población en los procesos de planificación y ejecución), la Agenda 2030, con su voluntad transformadora y construida en un reconocido proceso de participación, aparece como una pequeña ventana de oportunidad que requiere de la implicación activa de todos los sectores de la sociedad.

A tan solo 11 años para que culmine el periodo fijado para alcanzar los ODS debemos impulsar la noción de urgencia y la planificación de la presente legislatura, junto a la confección de los presupuestos en las diferentes administraciones, constituyen una oportunidad que no podemos dejar pasar para avanzar en la dirección que la Agenda nos marca: asumir y enfrentar nuestras responsabilidades -compartidas pero diferenciadas- y convertirla en una prioridad en la toma de decisiones para un mejor futuro para todas las personas.

De esta forma, la incorporación de los ODS en los presupuestos y en los procesos de planificación -localizando la Agenda y alineando las estrategias propias de cada Administración con los ODS-, la creación de unidades para la implementación y seguimiento de la Agenda -sobre la base de la puesta en marcha de indicadores adaptados a cada realidad-, acercar los ODS a la ciudadanía o la creación de alianzas locales con la participación de múltiples y diferentes actores (gobiernos, sector privado y sociedad civil), constituyen pasos necesarios para que Euskadi forme parte también de esa gran alianza de colaboración que Naciones Unidas reclama.

Podrá afirmarse, no sin razón, que de nada nos servirán la Agenda y sus 17 objetivos si obviamos un modelo socioeconómico imperante en la mayor parte del planeta que, semejante a un tren sin maquinista y vulnerando masivamente los derechos humanos, sólo persigue maximizar los beneficios de una minoría en detrimento de la inmensa mayoría de la población y de nuestro planeta, generando progresivamente una mayor desigualdad social, un creciente deterioro ambiental, así como un acelerado cambio climático.

En este difícil contexto, queremos resaltar, por un lado, la capacidad creciente de los entes subestatales para la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas que convivimos en nuestras ciudades y pueblos, y, por otro, la aportación del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las empresas cuando señala, con acierto, que la contribución más importante que pueden hacer la mayoría de las empresas a la consecución de los ODS es el estricto respeto a los derechos humanos y que las estrategias empresariales para contribuir a los ODS no pueden ser, de ninguna forma, un sustituto de la diligencia debida en materia de derechos humanos.

El reto es ambicioso, territorializar los ODS y apropiarse a nivel local de esta propuesta que puede guiar e inspirar nuestras políticas públicas hacia la construcción de sociedades inclusivas, al servicio de las personas, donde nadie se queda atrás, y en las que tengamos en cuenta, de forma prioritaria, las externalidades negativas del actual modelo de producción, distribución, y consumo, junto a los propios límites del planeta, cuestionando la apuesta del crecimiento por el crecimiento mismo y abordando propuestas como las del decrecimiento o la economía circular, que sin duda ahondarán en una redistribución de la riqueza, de la producción y del modelo económico.

De ello dependerá, en gran medida, el potencial de transformación y cambio que la Agenda 2030 pueda tener, reconociendo sus límites y contradicciones, y poniendo el foco en sus potencialidades como un acuerdo -con un respaldo sin precedentes- que puede orientar la adopción de políticas públicas locales tendentes a un cambio de modelo basado en la sostenibilidad (económica, social y ambiental) y la justicia global, habilitando todas las medidas políticas, económicas, sociales, fiscales, etcétera para ver cumplidos los objetivos y las metas para todas las naciones y los pueblos, y para todos los sectores de la sociedad.

En definitiva, y a pesar de su carácter no vinculante, la Agenda 2030 constituye un marco que ofrece oportunidades relevantes para la aplicación y respeto de los derechos humanos, y, sin lugar a dudas, los principios de igualdad, no discriminación, la rendición de cuentas y la transparencia son las herramientas que como ciudadanía podemos exigir para que la nueva Agenda sea una realidad y no otra ficción más.

En representación de la Asociación Pro Derechos Humanos Argituz