e todas las campañas de acoso y derribo contra el Gobierno de Sánchez al amparo de la pandemia del covid-19, la que me resulta más incomprensible e inaceptable es la desatada de forma exaltada contra Fernando Simón, la cara visible en el relato de la evolución de las crisis sanitaria y de sus consecuencias humanas. Me resulta incomprensible porque sigo pensando que en su trabajo, en una situación compleja de gestionar y rodeada de incertidumbres continuas, en la que además se mezclan la crisis sanitaria con la pugna política y la situación socioeconómica, ha dado la cara siempre. Insisto en que en ese eterno día a día expuesto ante los medios y la opinión pública habrá cometido errores, pero también insisto en que arroja como resultado un buen trabajo. Y me resulta inaceptable porque se anima más que la crítica objetiva, la persecución personal, con insultos, descalificaciones y bromas de pésimo gusto, y ahora el señalamiento judicial. Es habitual esto en la política española, judicializar las decisiones políticas constantemente o perseguir judicialmente al adversario político. También en Navarra la pasada legislatura. Siempre aparece un extraño informe policial repleto de errores, manipulaciones mediáticas y tergiversaciones bochornosas, de la mano de un mando de la Guardia Civil en este caso -el coronel Pérez de los Cobos con un amplio currículo poco edificante a sus espaldas, desde su defensa de la dictadura franquista y voluntario en el asalto al Congreso el 23-F a su condena por torturas o su responsabilidad en la violencia policial en Catalunya-, que acaba, a su vez, en manos de un juez o jueza que muestra la máxima disposición a darle pábulo judicial. Y la bola se pone en marcha. Recuerda mucho o todo al caso Alsasua. No creo que Simón necesite que nadie le defienda. Ha demostrado valerse solo. Pero es otro signo de la devaluación democrática actual, de ese todo vale para imponer determinados intereses partidistas, económicos y mediáticos a la legitimidad democrática de las urnas.
