a coletilla del auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el que se abre causa contra el consejero del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, por su actuación como presidente de Sodena en las ayudas concedidas a la empresa Davalor Salud la anterior Legislatura lo dice todo: “En una primera valoración muy provisional”, los hechos de los que le acusa UPN en su denuncia “podrían ser” constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Esa valoración muy provisional, que deja sin efecto de hecho la seguridad jurídica -ni siquiera se ha admitido aún la querella de UPN-, le parece suficiente a esa Sala del Supremo para poner en la diana penal, política y mediática a un miembro de un Gobierno legítimo elegido democráticamente. De esta causa del Supremo sobre las ayudas a Davalor no espero nada más que su cierre lo antes posible. Ya lo he escrito antes, creo que es otra apuesta fallida más de Sodena como empresa instrumental, que acumula casos mucho más grotescos y sangrantes para las arcas públicas de Navarra en su historial bajo la gestión de UPN. Y otro intento de la oposición de Navarra Suma por bucear a la desesperada en un mar sin agua, aunque ahora haya encontrado a la desesperada el flotador del auto del Supremo para mantener el caso abierto más de dos años después. Otro intento de judicializar la política cuando la democracia no ofrece los resultados esperados. Pero para judicializar la política con un mínimo de garantías es necesario también politizar la justicia. Desde esta Sala Segunda del Supremo bajo la sombra de Marchena a otros tribunales claves del mismo Supremo, la Audiencia Nacional, el consejo del Poder Judicial o el propio Constitucional. El PP aprovechó su mayoría absoluta con Rajoy para diseñar un amplio control político de los altos tribunales con nombramientos de magistrados y fiscales afines. Y aún lo mantiene con su negativa a renovar un Poder Judicial que lleva más de dos años en funciones y que pese a ello sigue nombrando jueces. Una situación de dudosa constitucionalidad. Es difícil de creer que sea una simple casualidad que la misma mañana el Supremo abra causa penal contra Manu Ayerdi, miembro del PNV y representante de Geroa Bai en el Gobierno de Chivite en coalición con el PSN y Podemos -y vicepresidente de Barkos en el anterior Ejecutivo- y también ordene repetir el juicio contra Otegi y otras cuatro personas por el caso Bateragune. Un juicio que fue anulado en Estrasburgo por falta de imparcialidad y también por este mismo Supremo que ahora, en contra de su jurisprudencia y de principios jurídicos fundamentales, manda repetir una causa por la que los implicados ya han cumplido los seis años a que fueron condenados de forma injusta. Sin olvidar que fue esta Sala Segunda la que la pasada semana revocó el tercer grado a los presos catalanistas con una rocambolesca argumentación. Si se analizan estas actuaciones del Supremo, todas ellas muy cuestionables desde una justicia garantista e independiente, apuntan a tres apoyos políticos claves del Gobierno de Sánchez: PNV, EH Bildu y ERC. No sé si estas actuaciones judiciales tendrán efecto en el devenir político del Estado y de Navarra, pero casi ya que gobiernen directamente sus señorías, aunque nadie les haya elegido para ocupar también, desde las trincheras del poder judicial, los poderes legislativo y ejecutivo de una democracia que se supone avanzada.
