ada nuevo bajo el sol. Como cada año, llega el asalto de las eléctricas a los recibos de la luz coincidiendo con el tiempo climatológico invernal. Lo tienen fácil: llega el frío y el coste de la luz se dispara. Una juerga habitual. Son estas noticias que parecen tener poco que ver con esa permanente realidad de la política española de la corrupción, pero que reflejan mucho mejor la cotidianidad del atraco estructural que sufren los ciudadanos en el Estado. El recibo de la luz ha subido casi el 12% este enero, un 28% más respecto al mismo periodo del año pasado. Ayer mismo, otro 6,7%. El mismo día que el exministro del PP José Manuel Soria admitía en la Audiencia Nacional, en el marco de una investigación penal contra Iberdrola, que la energética manipuló e infló los precios de la luz en 2013. Por cierto, Soria fue obligado a dimitir en 2016 por tener sociedades en paraísos fiscales. Aquellos casos aislados que con el tiempo se refugian en el limbo del olvido. En todo caso, esta nueva subida de precio de la luz es solo un caso más de una situación que se ha convertido en constante después de que González primero y Aznar después liberalizaran la energía. Ambos han cobrado -y ya no sé si siguen haciéndolo- decenas de miles de euros al año como recompensa a los servicios prestados como asesores, es un decir claro, de ese grandes empresas. Todo normal. El cártel energético, bien rodeado de políticos en retirada, exministros y expresidentes que aspiran a engordar sus jugosas jubilaciones con asientos en sus consejos de administración, mantiene un sistema tarifario oscurantista, incomprensible para cualquier consumidor. Por mucho que se lea el recibo de un lado o del otro, de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, es imposible que se pueda saber qué pagamos, cuánto y por qué. El Estado español supera en el coste de buena parte de los servicios básicos luz, agua, telefonía, internet... la media de la UE con salarios medios y salario mínimo muy lejos de esos mismos países. Una estafa generalizada con paraguas legal perfectamente diseñada en el que se llenan los bolsillos a costa de los consumidores. No es nuevo. Sólo que ahora la nueva crisis provocada por la pandemia del coronavirus y sus efectos en la economía de las familias y usuarios ha vuelto a situar en primera páginas el malestar social del negocio en todo su cutre alcance. No es una subida coyuntural, sino habitual como denuncian reiteradamente las organizaciones de consumidores. Y es una responsabilidad del Gobierno de PSOE y UP poner fin a una situación que se repite cada año en la que en medio de ola de frío se disparan los hogares que no pueden disponer de luz y calefacción por no poder pagarlas. La dictadura de un oligopolio energético encubierto y permitido en la que la factura la pagan siempre los mismos.