a arrolladora victoria del Partido Nacional Escocés (SNP) en las elecciones celebradas hace una semana ha dado un nuevo impulso a la puesta en marcha de un segundo referéndum de autodeterminación de una nación que ha dado sobradas muestras durante los últimos años de su firme voluntad de decidir su futuro de forma legal y democrática. La formación liderada por Nicola Sturgeon se presentó a los comicios con el compromiso expreso de, en caso de lograr la mayoría de votos, convocar un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia tras el celebrado en 2014 y que, tras las maniobras poco democráticas y la manipulación ejercida por los sectores unionistas, arrojó un resultado contrario a la secesión del 55% de los votos frente al 45% a favor. Mucho han cambiado las cosas desde entonces. Para empezar, Escocia, contra la voluntad expresada en las urnas por una abrumadora mayoría de su ciudadanía que votó en contra del brexit, se ha visto fuera de la Unión Europea, lo que ha incrementado sus ansias de independencia del Reino Unido. La nueva y reforzada mayoría independentista en el Parlamento escocés llevará, tarde o temprano, al nuevo referéndum pese a que el primer ministro Boris Johnson, adalid del brexit, ya ha anunciado su oposición. La cuestión, por tanto, es cómo se hará. Sturgeon ha anunciado por activa y por pasiva que quiere un referéndum legal y acordado con Londres, pero que, en caso de una negativa a dar la autorización, no descarta otras vías, como un referéndum previo o consultivo o la aprobación de una ley propia que le dé carta de naturaleza legal. Son alternativas que desde la perspectiva de la vertebración de la plurinacionalidad en el Estado español suenan conocidas, porque han sido planteadas también aquí, tanto en la CAV como en Catalunya. El derecho de autodeterminación, como derecho democrático universal que es, necesita en cualquier parte del mundo de condiciones, cauces y mecanismos legales para su ejercicio más allá de la voluntad o la actitud obstruccionista del Gobierno de turno. Coincidiendo con el tiempo de conmemoración del Día de Europa, sigue siendo necesario demandar el reconocimiento de las naciones sin estado y un mayor peso de las regiones y los pueblos europeos en la construcción de una Europa federal que reconozca su encaje mediante una directiva de claridad. En definitiva, democracia y legalidad frente a cualquier tipo de imposición unilateral, en Escocia, en Euskal Herria y en Europa.