esde las crisis de 2008 y 2011, y según los registros del Banco de España, el sector bancario español ha recibido 64.000 millones, de los que unos 22.000 millones fueron cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos y el resto, 42.000 millones, a través del fondo del rescate bancario (FROB). La última estimación del organismo bancario central daba por perdidos más de 54.000 millones. Ahora, el Consejo de Ministros acaba de aprobar asumir el control mayoritario de la Sareb, el denominado banco malo, creado para buscar una salida al ladrillo tóxico al que no podían hacer frente tras el estallido de la burbuja inmobiliaria ni la banca, ni las cajas de ahorro que ya pasaron a peor vida ni las aseguradoras. Este nuevo paso del Gobierno central eleva, por el momento, en otros 35.000 millones euros el rescate bancario al hacerse cargo el Estado de la deuda de la Sareb. Nos mintieron, aunque eso ya lo sabíamos. Dijeron que el rescate bancario no costaría ni un solo duro a los contribuyentes. Lo dijeron en público y en sede parlamentaria el entonces presidente Rajoy, el ministro de Economía De Guindos y la vicepresidenta en aquel Gobierno Sáenz de Santamaría. De Guindos aún nos mintió un poquito más y alardeó de que la operación de rescate a la banca española era buena y de que los bancos devolverían el dinero incluso con intereses. Tampoco se ha cumplido, claro. No solo no van a devolver las decenas de miles de millones de euros públicos del bien común que pasaron a sus balances para cuadrar los resultados de una desastrosa gestión financiera, sino que las pérdidas totales para el Estado, dinero que nunca se recuperará, es decir para el conjunto de sus ciudadanos y ciudadanas, se acerca ya a los 90.000 millones de euros. La operación perfecta para la banca. El dinero destinado al rescate bancario se dirige a la economía financiera y especulativa, que mueve un beneficio 70 veces mayor que la economía productiva. Sin olvidar que la lista de inversiones privadas fracasadas que han sido rescatadas por el Estado español va mucho más allá que el desastre inmobiliario. Desde los 3.500 millones del Proyecto castor de Florentino Pérez a los más de 5.000 millones para rescatar de la quiebra nueve autopistas privadas impulsadas en tiempos de Aznar. Entonces, la ministra Ana Pastor también dijo que esas autopistas costarían cero euros a los contribuyentes. También fue mentira. El problema es que la juerga y las mentiras y las operaciones opacas las pagamos a escote todos. Son solo dos ejemplos más. Hay muchos más, incluidas también las comunidades autónomas. El rescate del Circuito de Los Arcos sin ir más lejos. No hay un sólo responsable de semejante desaguisado en la cárcel, y sólo unos pocos han llegado a sentarse ante la justicia con consecuencias irrisorias para ellos. Los plutócratas siguen sonriendo. Impartiendo nuevas lecciones sobre lo que se debe hacer y pensar y quién debe gobernar y quién y qué modelo socio económico se debe imponer y cuál se debe abandonar. Acoso y derribo a todo lo que no sea hacer lo que dicen que hay que hacer. Las ganancias se quedan sus bolsillos y las pérdidas se socializan. Pero una década larga de aplicación sistemática de esta estafa-crisis ha normalizado hasta lo más inaceptable. Ya ni es noticia, ni causa indignación este nuevo asalto a los recursos comunes para favorecer intereses particulares. Al pueblo ahora le ofrecen fotos de vacas como opio político.