a información de The New Yorker que ha destapado la trama ilegal de espionaje a 65 dirigentes políticos y sociales catalanistas -que incluye también a Otegi y al diputado Iñarritu-, entre 2017 y 2020 es un escándalo monumental que exige del Gobierno de Sánchez todas las explicaciones, además de una proceso judicial garantista que aclare hasta el final todas las responsabilidades implicadas. A día de hoy, es aún difícil prever el alcance y las consecuencias políticas y penales de este inaceptable hecho en una democracia avanzada, pero de lo que ya no hay duda de la credibilidad de la información y de la veracidad del espionaje. Los datos publicados por The New Yorker, tienen su origen en una investigación del Instituto CitizenLab y muestran la utilización del sistema de ciberespionaje Pegasus, producido por la empresa israelí NSO, que, al menos en teoría, sólo se suministra a gobiernos como instrumento de prevención y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. No sirve ya intentar eludir el bulto pregonando que el Gobierno español no ha hecho nada que no autorice la justicia o esconderse tras los secretos oficiales que amparan todo tipo de fechorías, porque el CNI ya admitió años atrás haber adquirido Pegasus y ahora se sabe que ha sido utilizado para espiar a representantes políticos y sociales legales y con amplio respaldo democrático en las urnas. El silencio o las falsas excusas del Gobierno sólo aumentarán su responsabilidad ante unos hechos inadmisibles en una democracia y solo asentará los discursos que cuestionan a esa misma democracia. De hecho, vista la evolución de los hechos de espionaje de los últimos años en el Estado español, las grabaciones y chantajes de las cloacas de Villarejo y la policía bananera del ex ministro Fernández Díaz y los gobiernos de Rajoy -en el banquillo del caso Kitchen-, eran un preámbulo de algo más profundo que ahora sale a la luz. Una suma de tropelías de espionajes y chantajes para desprestigiar a adversarios políticos y reconvertir la disidencia democrática en delincuencia. Un sindiós de intereses cruzados que han implicado también a banqueros, empresarios y ahora a las profundidades del pozo de mierda en que ha derivado el fútbol como negocio con los audios de Piqué y Rubiales. En realidad, este última trama de espionaje apunta a la intervención de los dispositivos móviles de más de 60 personas vinculadas al movimiento catalanista, pero demuestra que cualquier ciudadano puede ser objeto de control de sus llamadas telefónicas, mails o perfiles y mensajes en las redes sociales. Un panorama sombrío que pone en riesgo la calidad y credibilidad de la democracia como modelo de progreso social y económico y sistema de convivencia y bienestar y nos sitúa a las puertas, si no ya tras ellas, de la distopía que describiera Orwell en su libro 1984. La tecnología ha permitido diseñar un big data de cada uno de nosotros y ha convertido la comercialización de nuestra intimidad en un inmenso negocio. El camino a que nuestra información personal, los más profundo de nuestra privacidad -amparada por la ley y los derechos fundamentales de la UE-, campe sin control alguno por miles de bases de datos de empresas, corporaciones, policías o gobiernos es ya una inquietante realidad. Acojona mucho esto.