Esta semana conocíamos la bonificación que han recibido las empresas de alquiler de vivienda en Navarra. Exenciones fiscales que disfrutan desde 2004 y que solo en el periodo 2009 -2020 ha supuesto 25,3 millones que Hacienda ha dejado de ingresar. Este privilegio legal introducido en su día por UPN ha beneficiado a las pocas empresas que han apostado por el alquiler en nuestra Comunidad, y en los últimos años también a los fondos de inversión, penetrados por fondos buitres, que han adquirido edificios enteros subiendo los alquileres de colectivos sociales vulnerables. Nuevos contratos que se plantaron de la noche a la mañana por parte de los nuevos propietarios, que requirieron la mediación de la propia Administración (con más de 900 casos) para evitar desalojos y que han supuesto un mayor esfuerzo en ayudas por parte del Gobierno para no perjudicar a decenas de familias con dificultades. Más de mil viviendas de alquiler protegido han sido descalificadas en los últimos años perdieron así su caracter social lo que coincidió con la entrada de nuevos inversores dispuestos a especular con el alquiler. Al menos sabemos que en la nueva ley foral que tramita el Gobierno foral las viviendas en alquiler protegido mantendrán esta consideración de manera indefinida (como la VPO de compraventa) independientemente de que el propietario cambie de manos.
Ojalá que el proyecto normativo consiga avanzar en su espíritu de intervenir en el mercado de la vivienda y promover una mayor oferta protegida y sobre todo de alquiler. Se plantean dos vías, que la mitad de la nueva vivienda que se haga sea protegida, y de esa mitad un tercio para alquiler, y por otro lado aprovechar solares libres de la ciudad consolidada en diferentes barrios o edificios en desuso para ir cerrando la llamada ciudad compacta. Sin olvidar que hasta 2016, de las 7.000 viviendas que había construido Nasuvinsa el 80% era para compraventa y solo el 20% con destino a alquiler, mientras que ahora todo lo que se promueve es en alquiler. El Ejecutivo habla también de la posibilidad de transformar parcelas dotacionales en residenciales para dar cabida a situaciones de todo tipo no solo de exclusión sino de emergencia habitacional. E incentivar la inversión privada en materia de alquiler para desarrollar suelos públicos. Esperemos que haya empresas interesadas en este mercado más allá de los fondos buitres. Ninguna empresa que no mantenga un alquiler digno debería tener exención fiscal.
