Sodena, manoseo, mascarillas y responsabilidades

Desde luego no supone una buena noticia para Sodena, sociedad pública manoseada ya demasiadas veces desde el Gobierno de Navarra para ejecutar, por vía de urgencia, lo que no se puede (o no se debe) hacer desde otros despachos. Y no precisamente por lo sucedido en este caso, en medio de la mayor crisis sanitaria del último siglo. Ayudar a las empresas navarras a comprar mascarillas y equipos de protección en mayo de 2020 parecía no solo razonable, sino imprescindible. Basta recordar la decisión de UPN de comprar acciones de Iberdrola por valor de 173 millones de euros, una operación que generó unas pérdidas de más de 20 millones de euros, para entender que en demasiadas ocasiones se ha empleado a una sociedad pública con magníficos profesionales con objetivos puramente políticos. O analizar el caso de Davalor, con unas pérdidas muy inferiores (apenas tres millones de euros) para entender que no basta con una “corazonada” para invertir el dinero público.

La historia tampoco deja en demasiado buen lugar a la Confederación Empresarial de Navarra y a sus asociadas, que corrieron a buscar el auxilio del sector público en el peor momento de la pandemia, pero que, cuando hubieron solventado por sus propios medios el abastecimiento de equipos de protección, optaron por no arrimar el hombro para minimizar la pérdida de un dinero que, en el fondo, es de todos. Nada nuevo, sin embargo, en este lado de la ecuación. Es el mercado, amigos, que diría uno. Pero un mercado siempre dispuesto a recibir subvenciones, añadiría otro.

Al contrario de lo que dice María Chivite, el informe de la Intervención General de Hacienda, que obvia por otra parte con bastante ligereza las alegaciones de Sodena, no muestra que los mecanismos de control del Gobierno de Navarra hayan funcionado con la diligencia necesaria. Sobre todo porque el informe llega tarde y porque, en demasiadas ocasiones, los interventores son vistos como un obstáculo por parte de gestores que quieren agilizar la lenta burocracia.

Y porque, en una operación publicitada y reconocida, aprobada por el consejo de Sodena y de la que estaban al tanto los miembros más importantes del Gobierno de Navarra, nadie dijo nada públicamente ni advirtió de que el convenio con la CEN no contaba con los permisos adecuados. Los funcionarios que debían vigilar, ¿teletrabajaban desde casa o simplemente estaban en casa? ¿Qué sabía la consejera de Economía y Hacienda, consejera delegada de CPEN, sobre el asunto?

Otro detalle que quizá también tenga su importancia: el asunto estalla justo cuando el Gobierno de Navarra acaba de crear, no sin muchas dificultades internas, un Instituto Navarro de Inversiones cuya misión y contenidos recuerdan mucho a los que inspiran a Sodena.

El modo en que se ejecutó la operación no parece tampoco, desde luego, el más adecuado. Y no dice nada bueno de los procedimientos de la administración para solventar un problema. Sobre todo porque en dos almacenes de la comarca de Pamplona se amontonan ahora 1,7 millones de mascarillas cuyo dueño real no está claro. Ni se han donado ni ha sido utilizadas después de dos años en los que esta prenda ha resultado imprescindible.

Así que el asunto se ha saldado, de momento, tumbando a la pieza más débil. Una directora general de Sodena, nombrada por Manu Ayerdi en 2015, y que había conservado el cargo tras el estallido del caso Davalor y el relevo en la consejería de Desarrollo Económica. Previsible, sí. El suyo no deja de ser un cargo de confianza del Gobierno, por mucho que exista un consejo de administración en la sociedad pública. Pero también triste. Porque todo esto revela miserias, insuficiencias y quién sabe si batallas políticas sin interés para la ciudadanía, pero muy dañinas para una sociedad pública que tiene como objetivo fundacional el desarrollo de Navarra.