Ha tenido que ser el Gobierno central, tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, el que haya tomado la decisión de impulsar a la “máxima brevedad posible” la exhumación de los restos del golpista y genocida franquista Queipo de Llano de la basílica de La Macarena en Sevilla y del fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera del Valle de Los Caídos. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática también pide retirar de la popular basílica sevillana los restos de Bohórquez Vecina, quien firmaba las penas de muerte del general Queipo de Llano, quien en sus proclamas radiofónicas llamaba al asesinato colectivo y a la violación de las mujeres. La ley impide la permanencia en lugares públicos de los dirigentes del golpe militar de 1936, pero ni la Iglesia católica ni la Hermandad de La Macarena han hecho nada por poner fin a esa indignidad. Como la exhumación de los restos de Mola y Sanjurjo de Los Caídos en Iruña o la de Franco de Cuelgamuros, la exhumación ahora de Queipo de Llano son decisiones legales, que llegan más de cuatro décadas tarde, para acabar con la exaltación pública en lugares de honor religioso de asesinos y genocidas, imágenes que lastraban a la democracia española, y poner fin a la anomalía democrática de ser el único Estado europeo con monumentos de reconocimiento a un dictador y a una dictadura cruel y violenta. Pero ni un hecho ni otro cierran ninguna etapa histórica. Es sólo un paso más en la recuperación de la memoria, el reconocimiento y la justicia de las decenas de miles de víctimas que dejaron Franco y el franquismo tras 40 años de poder, represión y vulneración de los derechos humanos. Sigue habiendo miles de personas desaparecidas en cunetas y fosas, sigue habiendo monumentos y simbología de exaltación franquista y sigue habiendo un enorme velo de silencio y secretismo sobre el expolio de tierras, empresas y recursos que sufrieron miles de familias represaliadas. Aún falta mucho recorrido –Navarra encabeza las medidas de restauración de su dignidad y reconocimiento–, entre otras cosas que el Estado español, con la connivencia de partidos políticos y el catolicismo más ultraconservador, deje de ser una excepción internacional que honra y protege –incluso subvenciona con dinero público–, una Fundación en memoria y honor a un genocida y a un régimen antidemocrático que mantuvo una sistemática violación de los derechos humanos y las libertades. En todo caso, lo importante ahora es el futuro de las casi 30.000 personas enterradas, en muchos casos contra su voluntad, en Cuelgamuros –hay aún 12.000 sin identificar–, el futuro de las decenas de miles de restos de personas desaparecidas en cunetas y fosas y el futuro del mismo mausoleo del Valle de Los Caídos. También el del infame chiringuito de Pamplona, donde se siguen celebrando, con la complicidad del arzobispado, actos de homenaje a aquella matanza y a los genocidas que lo impulsaron.