Dos falacias sobre los fondos europeos. La primera, que los regala Bruselas. De ninguna manera es así. El dinero proviene de un programa de endeudamiento mancomunado de los países de la Unión emitido a través de la Comisión. La devolución de lo que se adquiere en los mercados financieros tendrá que hacerse en años venideros por los propios países que son sus beneficiarios, lo mismo en el tramo de subvención –el que actualmente recibe España– como el de préstamos a bajo interés que se pedirá en los próximos meses. La segunda, que sirven para alimentar necesidades varias del gasto público. Su reglamento establece claramente que no se pueden emplear en operaciones ordinarias de los gobiernos, sino que han de servir para incentivar el desarrollo económico a través de su aplicación a iniciativas que generen nueva actividad en distintas industrias. Esto, que es sencillo de entender, parece que no inspira la gestión que se está haciendo por aquí. Un ejemplo es lo que ocurre en sanidad. La mayor parte de lo que se está gastando de los Next Generation UE corresponde a la compra de equipos de diagnóstico y radioterapia a través del plan INVEAT, máquinas que se deberían haber renovado hace años de manera ordinaria, sin esperar a su obsolescencia. Hay dinero europeo que se está gastando en ordenadores e impresoras para los ministerios, o en pequeñas obras públicas, o en propaganda. Malversación consentida y perpetrada a la luz del día.
El mecanismo que se ha diseñado para aplicar millonadas a proyectos de regeneración industrial y económica es el llamado PERTE, abreviatura de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, y que se basa en el principio de que el Estado pondrá dinero ahí donde también esté dispuesto a ponerlo la iniciativa privada. El primero de los PERTEs aprobado fue el del Coche Eléctrico y Conectado, el que pretendía regar de incentivos la definitiva sustitución de los motores de combustión. Se dotó con una contribución del sector público de 4.300 millones de euros, que se acoplaría a una inversión privada de otros 19.700 millones. Al olor de esa rica miel acudieron empresas globales como Volkswagen (VW), junto a otras de menor tamaño. El Ministerio de Industria acaba de adjudicar el concurso de ayudas, y resulta que sólo ha sido capaz de aplicar al sector 877 millones, un escueto 30 % de lo que había. Unos días antes de publicar el resultado, VW filtraba a varios medios que si no se le aumentaban considerablemente las ayudas desistiría de la construcción de su fábrica de baterías en la Comunidad Valenciana, lo que afectaría en cadena las perspectivas de las plantas de Landaben y Martorell. Aquí tenemos a estos alemanes en un altar, porque no en vano son parte relevante del tejido industrial de Navarra y Cataluña y no menos distinguidos contribuyentes fiscales. Pero este tipo de exigencias son en sí inaceptables. Los coches eléctricos norteamericanos (Tesla, el artífice de la revolución) o asiáticos (resultones y más baratos) no están subvencionados, y VW quiere que los suyos sí lo estén en la cuantía que ellos decidan. En términos de mercado, es una distorsión aberrante y anticompetitiva, que sólo se entiende por la capacidad de extorsión derivada de la dependencia que se ha creado de este tipo de factorías. Pero lo gordo, sin duda, es que habiendo dinero no se aplique y quede casi un 70 % sin destino. ¿Por qué el Ministerio de Industria se ha vuelto cicatero, cuando nos lleva diciendo el Gobierno que fue un éxito traer para España las cantidades de los NextGenUE? La respuesta viene dada por el hecho de que el dinero europeo se ha de integrar en los Presupuestos Generales del Estado para que su distribución se sujete a niveles adecuados de control. Esto ha devenido en que al aplicar reglas administrativas, todo se retrasa y se racanea. Hay que pasar la realidad a través del cedazo de los pliegos, los procedimientos y los boletines oficiales, y el resultado es el que es: un serio riesgo de que el cuerno de la abundancia se convierta en una chimenea de humo, un nuevo fracaso, esta vez el de la muy probable deslocalización industrial. El Gobierno sabe mucho de intromisiones en la vida de personas, familias y empresas, pero nada en absoluto de cómo fomentar el desarrollo económico solvente. Lo del coche eléctrico es sólo un ejemplo. Por cierto, el PERTE más dotado de dinero es el de Microelectrónica y Semiconductores (PERTE Chip), con más de 11.000 millones. Pues bien, no se ha encontrado una sola empresa multinacional que se quiere instalar en España, a pesar de ponerle esa alfombra de oro. Pero claro, faltan profesionales, infraestructuras, mercado y un Gobierno (y sus palmeros locales) que se enteren de qué va la realidad.
