Navarra y el Estado han firmado esta semana la nueva aportación anual a las arcas generales. Según marca el régimen foral, la Hacienda navarra recauda los impuestos y abona una parte al Gobierno central por las competencias no transferidas. Esta cifra, que se basa en distintas fórmulas financieras y una estimación vinculada a los ingresos tributarios del Estado, se revisa cada cinco años.

El acuerdo deja algunas dudas que ni el Ministerio ni el departamento de Hacienda han acabado de aclarar. Ambas administraciones han dado además cifras dispares, complicando la interpretación de un acuerdo ya de por sí complejo. Pero que en líneas generales apunta a una continuidad con los criterios fijados en 2017.

De entrada el Gobierno foral pagará el próximo año una cantidad cercana a los 635 millones que ya tenía presupuestados (el Estado ha fijado 645 en sus presupuestos). No obstante, los ajustes referentes a los ejercicios de 2020 y 2021 son favorables a la Comunidad Foral, que recupera 137,8 millones de los adelantados. Una especie de declaración de la renta a devolver que puede ser superior cuando se cierre el ejercicio actual.

La cifra tiene algunos matices. Incluye, por ejemplo, la gestión del Ingreso Mínimo Vital, un gasto cercano a los 50 millones que hasta ahora ejercía el Gobierno central y que ahora corre a cargo de las arcas forales, que se lo descuentan de la aportación. Y hay que sumarle además nuevos ajustes fiscales que computan como gasto, lo que distorsiona la foto y dificulta cualquier comparación retrospectiva.

En cualquier caso, y a falta de detalles más concretos, se trata de un acuerdo positivo para Navarra. Porque garantiza la estabilidad financiera hasta 2024, fecha en la que habrá que revisar el cálculo actual. Pero también porque va a permitir contar con fondos adicionales en un momento de incertidumbre social y económica. Y que se podrán invertir además sin las restricciones financieras que hubo que acatar tras la última actualización del Convenio.

El destino del dinero

Hacienda no ha dado pistas por ahora, pero es probable que una parte sirva para reducir el déficit previsto para este año, lo que evitaría tener que emitir nueva deuda pública. Y que se aproveche incluso para disminuir el endeudamiento en un momento en el que los tipos de interés apuntan al alza. Desde un punto de vista financiero, sería una decisión más que sensata.

Pero Navarra tiene también algunas urgencias presupuestarias que debe acometer, y esta parece una buena oportunidad. Así que el Gobierno de Chivite deberá acordar con sus socios cómo gestiona esta financiación adicional y a dónde destina el dinero. De momento, en el acuerdo presupuestario para 2023 ya se había fijado que el destino de los ocho primeros millones será consensuado por los cinco grupos que apoyan al Gobierno. Geroa Bai ha planteado también aprovechar el remanente para mejorar la financiación de la sanidad y tratar de reducir las listas de espera, que la pandemia ha devuelto a máximos históricos. Y son además muchos los departamentos que tienen ajustado su presupuesto para el próximo año. Si a todo ello se le añade que entramos ya en época de campaña, necesidades y propuestas no van a faltar.

Respaldo al régimen foral

El acuerdo tiene también su importancia política, con los socialistas en el centro de una escena cada vez más preelectoral en la que se empiezan a mezclar los actos oficiales con los del partido. Lo que da una pista de los términos en los que se va a desarrollar el tramo final de la legislatura.

Sin embargo, tiene ante todo un valor institucional. La firma del viernes no deja de ser un trámite ordinario quinquenal entre administraciones que realizaron también los gobiernos anteriores. Pero supone de facto revalidar la vigencia del régimen foral, garantizando la viabilidad de la autonomía financiera de Navarra en un entorno fiscal cada vez más hostil y competitivo.

En medio del ruido permanente que rodea siempre a las haciendas forales, tanto la CAV como Navarra acaban de renovar en buenas condiciones su relación económica con Madrid. Y lo han hecho además con una ministra abiertamente jacobina como María Jesús Montero, que hace apenas cinco años como consejera de Hacienda de Andalucía reclamaba abiertamente revisar el Convenio Económico porque generaba “privilegios financieros injustificados”.

Montero cerró el acto del viernes admitiendo que el sistema foral es “transparente” y “adecuado”. Y que Navarra es una comunidad de la que “aprender” en materia fiscal. No tenía seguramente muchas alternativas, rodeada por cargos de su partido que se juegan la reelección y en el corazón de todo un símbolo institucional como el Palacio de Navarra. Pero al menos fue clara en el mensaje.

La autonomía fiscal y tributaria sigue vigente y tiene la viabilidad garantizada. Con sus derechos y con sus responsabilidades. Lo que no deja de ser una prueba más de que las críticas al régimen foral, tan reiteradas por dirigentes de uno y otro partido en distintas comunidades, tienen más de prejuicio, desconocimiento y de oportunismo político que de motivación real.