¿Dictadura?
Volvió a montarse una trifulquita de diseño porque la vicepresidenta segunda del gobierno español y líder de Sumar, Yolanda Díaz, calificó a Marruecos como dictadura. Solidario y solícito con su compañera y jefa, el ministro desaparecido en combate Alberto Garzón hizo suyas las declaraciones. Carezco de los conocimientos teóricos suficientes para sostener si hay argumentos técnicos y académicos que respalden tal consideración, pero el olfato y la evaluación de la bibliografía presentada por el reino alauita parecen apuntar, como poco, que no se trata de una democracia al uso. Ni siquiera de una de calidad media-baja, como tantas que superan los poco o nada exigentes estándares internacionales donde votar cada equis tiempo sirve para pasar el filtro, aunque, como es el caso, libertades básicas como la de expresión sean una broma. En las mazmorras del otro lado del estrecho hay un buen número de periodistas. Otros, con más suerte, han conseguido poner tierra de por medio.
El precio
Hace tres meses, el Parlamento Europeo aprobó una resolución de condena a Marruecos en la que se exigía a Rabat la liberación de los presos políticos, el respeto a la libertad de los medios de comunicación y el cese de la persecución de quienes manifiesten posturas contrarias al régimen o simplemente informen de sus actividades. Lo más clamoroso de esa resolución no fue que se produjera por primera vez en 25 años, sino el desmarque a la hora de votar de todos y cada uno de los representantes del PSOE. Por si alguien tenía la menor duda, empezaba a verse el precio del vergonzoso pacto firmado hace ahora trece meses entre Pedro Sánchez y el rey Mohamed VI, con el abandono a su suerte del pueblo saharaui en su histórica reivindicación —avalada por la ONU— de celebrar un referéndum de autodeterminación.
Silencio espeso
La semana pasada, en el Congreso, portavoces políticos de muy distintos grupos —desde el PP o Coalición Canaria a EH Bildu, pasando por ERC, el PNV o el propio socio morado del gobierno español— coincidieron en acusar al inquilino de La Moncloa de haberse vendido a Marruecos a cambio de un control ni siquiera real del flujo de migrantes. Por si los hechos no probaran suficientemente esa acusación, hace unos días quedó documentado que Sánchez destituyó a la ministra de exteriores, Arancha González Laya, solo diez días después de que se lo exigiera el régimen de Mohamed. Ante lo debería haber supuesto un escándalo de primera magnitud, nos hemos encontrado con un silencio espeso. Gobierno de progreso.
