Acerca del modus operandi de Rubiales han corrido esta semana ríos de tinta. Una empleada de la Federación Navarra de Fútbol advertía de que todo lo que se ha ido conociendo es solo la punta del iceberg y una extrabajadora de la Asociación de Futbolistas Españoles recordaba las humillaciones que sufrió del personaje. No se ha contado, sin embargo, que entre su proceder habitual está la persecución de los críticos a su gestión. Lo sabemos bien en este periódico, donde a primeros de mayo recibimos una demanda de querella interpuesta por Rubiales en los juzgados.
La denuncia era su respuesta a un artículo de opinión firmado por quien suscribe este texto en el que simplemente se le responsabilizaba del despropósito que suponía jugar la final de la Copa del Rey en un estadio de atletismo, a más de 900 km de distancia desde Pamplona y con las entradas por encima de los 100 euros. “Rubiales nos roba el fútbol (y el dinero)”, se titulaba dicha opinión por la que quien se sigue agarrando al cargo como una garrapata nos exige “una indemnización simbólica de 30.000 euros”. La cantidad quizá sea simbólica para quien tiene un sueldo anual superior a los 600.000 euros, sin incluir dietas, regalos y multitud de prebendas, pero que le quede claro que no nos va a silenciar.
