Un incendio en un polígono dedicado al ocio en Murcia ha vuelto a reactivar de la manera más dramática la preocupación por la seguridad. Sobre el papel, no parece mala solución la habilitación de zonas de ocio con discotecas y locales de hostelería en áreas en las que se eviten o atenúen las molestias a los vecinos. En el caso de las dos discotecas que han ardido en Murcia dejando al menos 13 víctimas mortales ese flanco parecía resuelto. Pero las circunstancias que se han conocido sobre la falta de licencia de actividad y la orden expresa para la suspensión de la misma desde hace un año abren la puerta a la necesaria exigencia de una acción diligente del supervisor. Los hechos acreditan que la configuración estructural de los locales incendiados no resultaba adecuada para propiciar su rápida evacuación en caso de riesgo. Igualmente, la normativa de seguridad en materia de decoración ignífuga, sistemas eléctricos o uso de pirotecnia es suficientemente clara para permitir al promotor conocer si está o no dentro de la ley. Es evidente que, con independencia de que hubiera o no ocurrido una desgracia en estos locales, ha fallado su control. Bien por carencia de medios, bien por desidia, se ha permitido a estas discotecas operar sin licencia y desobedeciendo, además una orden municipal expresa de suspensión de actividad desde hace un año. Lo hacía con publicidad en redes y un conocimiento público de su funcionamiento que nadie consideró necesario impedir. Se hace difícil entender este extremo en tanto esa actividad, sujeta a impuestos debería estar perfectamente identificada y controlada. Si no era así, estaríamos ante un fraude flagrante de una sociedad que estaría operando en negro. Si lo era, un mero cruce de información entre administraciones debería haber constatado la actividad de un negocio que tenía prohibido hacerlo. No se trata de someter a sospecha a toda la actividad de ocio que propicia la acumulación de personas en un espacio limitado sino de ser exigente en la aplicación y control de una normativa que es el mecanismo de seguridad colectiva. El usuario también debe ser exigente en este aspecto y no ceder en sus derechos en favor del mero divertimento, pero no se puede depositar únicamente en su cabeza la responsabilidad de acreditar que su ocio se desarrolla en un entorno seguro.