El Parlamento de Navarra ha aprobado esta semana crear una ponencia para reformar del Amejoramiento, la ley que regula el autogobierno. Una norma nacida en tiempos de transición y que el año pasado celebró sus 40 años con más pena que gloria. Apenas un par de actos institucionales a última hora para conmemorar una ley idealizada por sus defensores como símbolo del navarrismo más puro y auténtico, pero que como todas está abierta cambios y actualizaciones.

Desde su aprobación en 1982 el Amejoramiento solo se ha reformado dos veces, en ambas ocasiones para cambiar aspectos de importancia menor. En 2001 se eliminó el procedimiento automático para la elección del presidente del Gobierno, que beneficiaba a la lista más votada si no había mayorías absolutas. 

La reforma de 2010 fue una continuación de la anterior. Junto con algunas cuestiones de carácter simbólico se amplió a cuatro años la nueva legislatura en caso de disolución anticipada del Parlamento, algo a lo que hasta entonces se había opuesto el Estado. Desde entonces Navarra puede adelantar elecciones y tener su propio ciclo electoral, aunque nunca se ha llevado a efecto.

Entre una y otra el Parlamento dio cauce a una ponencia similar durante la legislatura 2003-2007. Se debatieron posibles cambios en el régimen estatutario, pero no se llegó a plantear ningún documento de conclusiones. Eran tiempos del Estatut catalán y del Plan Ibarretxe, y tanto UPN como PSN, y en aquel tiempo también CDN, optaron por dar carpetazo al asunto. Mejor dejar todo como estaba.

Pero el tiempo pasa y la Navarra de hoy es muy diferente a la de 1982. Más abierta, plural e internacional. Muchas comunidades han actualizado sus respectivos estatutos adaptándolos a su nueva realidad. Ninguna alcanza posiblemente el nivel competencial que tiene Navarra, que cuenta con Hacienda y derechos históricos propios del régimen foral, pero no han tenido tanto miedo a abrir un debate que generalmente acaba politizado, como ha ocurrido también esta vez.

Una nueva oportunidad

La ponencia era un compromiso recogido en el acuerdo programático a propuesta de Geroa Bai, y que el PSN ha aceptado sin más compromiso que dar cauce al debate. También le han dado su apoyo Contigo-Zurekin y EH Bildu en medio de las críticas de los tres partidos de la derecha. Para UPN, PP y Vox, la mera creación de la ponencia es una victoria de las fuerzas abertzales y una nueva cesión del PSN. Pese a ello, participarán en la comisión y plantearán sus propuestas.

Las expectativas sin embargo nacen bastante moderadas. El PSN ha dejado claro que no va a aceptar ningún cambio relevante en el Amejoramiento. Ni en el artículo 1, el que define a Navarra como Comunidad Foral y diferenciada dentro de España. Ni tampoco en lo que se refiere a la zonificación lingüística. No habrá por lo tanto oficialidad del euskera en toda Navarra.

Los socialistas han querido dejar clara su posición desde el principio porque no quieren líos en este asunto, que les va a servir además para reivindicar su centralidad política. La reforma del Amejoramiento es en el fondo una oportunidad para que el PSN pueda compensar sus pactos con el nacionalismo vasco. Presupuestos por un lado y foralidad por el otro. Y ahí van a encontrar a UPN, que busca mayor cercanía al Gobierno y hará valer su mayoría para blindar el régimen institucional, dejando claro que hay una mayoría política contraria a la incorporación de Navarra a la CAV. 

Pero incluso en estos términos la reforma del Amejoramiento no deja de ser una buena oportunidad para revisar el autogobierno y hacer una mirada propia a la Navarra de hoy. Lejos de la visión autocomplaciente con la que habitualmente se presume del régimen foral, y que durante estos 41 años ha mostrado también debilidades importantes.

De entrada, quedan competencias reconocidas en la ley pendientes de transferir. El Amejoramiento sigue siendo una ley imcompleta y sin desarrollar por quienes dicen ser sus principales defensores. El proceso para la recuperación de la competencia histórica de Tráfico es un buen ejemplo de que no todos los que reivindican la vigencia del régimen foral defienden el autogobierno.

41 años después toca actualizar el texto legal, pero sobre todo hacerlo efectivo en medio de un proceso de recentralización encubierto que se ha generalizado en estos últimos años. La bilateralidad Navarra-Estado cada vez resulta más descompensada, los recursos al Constitucional son habituales y la legislación básica, aquella que el Estado interpreta como central, ha servido para laminar competencias que se creían propias.

La ponencia puede ser un buen momento para actualizar la ley y poner freno a esta tendencia. Para salir de las trincheras y buscar consensos que sirvan de base para defender los intereses comunes, incluso con alianzas teóricamente contranaturales. Cuanto más amplio sea el apoyo a la ley institucional mayor será su viabilidad en un contexto de pulsión centralista y reaccionaria. Y de creciente desapego hacia el autogobierno.

Amejoramiento y Lorafna son hoy términos lejanos y desconocidos para buena parte de la población. El escaso interés social que suscita este debate es una buena prueba. Pero la gestión directa y cercana de las instituciones sigue siendo clave para el desarrollo actual y futuro de Navarra. La ponencia puede ser una buena oportunidad para recordarlo.