El acuerdo entre PNV y PSOE, última pieza imprescindible en la cadena de necesidades de Pedro Sánchez, garantiza la investidura del líder socialista. En la sucesión de hitos de esa cadena, el suscrito por Andoni Ortuzar cara a cara con el presidente español en Madrid reúne condiciones diferenciales sobre los anteriores. Desde luego, sobre el respaldo gratuito anunciado por EH Bildu, pero también sobre los ejes de los pactos con el soberanismo catalán. Al marco de intenciones y de vías de negociación para las reivindicaciones que ha rodeado a todos ellos, el acuerdo suscrito por el PNV incorpora con nitidez y medidas de calado el principio de bilateralidad aplicado de forma concreta y no como una expectativa negociable. El acuerdo recoge una descripción de compromisos del Gobierno de Pedro Sánchez con fecha de cumplimiento –los primeros dos años de Legislatura–, y no una descripción de discrepancias y voluntades, como en el caso de Junts. Compromisos que se sostienen en la letra del marco constitucional y del Estatuto de Gernika y la Ley de Amejoramiento del Fuero. Sobre esa base, se compromete el refuerzo de la especificidad foral de ambas comunidades en el respeto, blindaje y consideración previa de sus competencias en el desarrollo normativo del Estado, y en la concertación fiscal.
Un baldón de bilateralidad que se refuerza con aspectos concretos en materia laboral, que blinda la prevalencia de los convenios en el marco propio de relaciones laborales sobre el del Estado. Un hito especialmente significativo en tanto fue descartado por quienes elaboraron y descartado por los que respaldaron la última reforma laboral –el bloque de izquierdas vasco, catalán y español– y se incorpora ahora. Igualmente significativa es la aprobación de un modelo autónomo de reposición y masa salarial en el empleo público de Navarra y la CAV y la participación de ambas en los marcos internacionales que afecten a sus competencias. En el caso de Navarra, el acuerdo incluye también el traspaso pendiente de I+D+i y de las becas. Bilateralidad y autogobierno –con la obligación, no ya la negociación, de realizar las transferencia pendientes–, hasta sus últimas consecuencias a la que se acompaña el marco negociador del reconocimiento nacional en términos equivalentes. Un buen acuerdo, con contenidos claros y efectos tangibles a corto plazo.
