Reaparece el nombre de Arturo Espejo, recientemente jubilado como teniente general de la Guardia Civil, tras ser designado por Ayuso como consejero delegado de la Agencia de Ciberseguridad del Gobierno de Madrid y horas después dejar el nombramiento sin efecto. Todo el mismo día y después de que se publicara que el tal Espejo había estado implicado en la detención, torturas y asesinato del joven navarro Mikel Zabalza en el cuartel de Intxaurrondo. Aún me cuesta creer que Ayuso haya rectificado esa decisión por esa razón, pero también me cuesta entender la inhumanidad de Ayuso cuando justifica que no se derivaran mayores con covid-19 –más de 7.000–, de la residencias a los hospitales porque se morían igual. Solo que sin atención, sin paliativos y abandonados en sus camas. Acojonante y ni siquiera se da cuenta de lo que dice ni, por supuesto, se plantea dimitir. Volviendo atrás, pese a todo a Espejo no le ha ido mal y ha terminado en lo alto del escalafón de la Guardia Civil de la mano del ministro Marlaska –un tipo que acumula el récord de condenas del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por negarse sistemáticamente a investigar las denuncias de torturas de personas detenidas–, tras ir sumando ascensos y reconocimientos durante su carrera en la Benemérita sin tener que asumir nunca responsabilidad alguna por su implicación en aquellos hechos de 1885.

Marlaska primero y Sanchéz después argumentaron en defensa del último ascenso de Espejo que no ha sido a imputado ni condenado por esos hechos. Una argumentación hipócrita y farisea. Una excusa cobarde para seguir tapando la verdad. Es imposible que en estos 38 años transcurridos desde la detención, interrogatorio, torturas, muerte y abandono esposado en el cauce el río Irati de Mikel Zabalza, Espejo haya podido ser interrogado, imputado o condenado por aquella deleznable actuación porque el caso no ha tenido ni investigación policial ni actuación judicial justas al estar encubierto por el manto de impunidad y protección que le garantiza la Ley de Secretos Oficiales franquista aún vigente. Una argumentación constante por parte de los responsables políticos de los sucesivos gobiernos en el Estado cada vez que sale a la palestra cualquier hecho vinculado a las líneas rojas democráticas que se cruzaron ilegalmente en el ámbito y con la excusa de la lucha antiterrorista contra ETA.

Hay una complicidad política, policial y judicial conjurada para impedir que los responsables de casos como el de Mikel Zabalza –un joven sin vinculación con ETA arrastrado a la muerte por las acciones de guerra sucia policial–, puedan llegar ante la justicia y para impedir conocer toda a verdad de lo ocurrido entonces. Tratan a la democracia que dicen representar como si fuera un sistema inmaduro que no está preparado para conocer la verdad de los hechos y con ello la devalúan y minorizan y la someten a los candados heredados del pasado anclados en buena parte de las oscuras estructuras del Estado español. Ni petición de perdón , ni verdad, ni asunción de responsabilidades. Que se lo pregunten a las familias de esos más de 7.000 mayores de Madrid o la misma Ayuso. Cada vez más el compromiso con los derechos humanos, la justicia y la verdad y los valores de la ética humanista es solo una pose.