A nadie se le escapa que hay empresas, localidades y ubicaciones prioritarias para el Gobierno de Navarra. Para este y para los anteriores. Que algunos polígonos, por su capacidad y localización, necesitan mantener actividad suficiente para anclar población en los pueblos cercanos; habitantes que den sentido a la red de servicios públicos y que sirvan a su vez para desarrollar tejido comercial y de ocio.

Lo vemos en Sunsundegui, tantas veces en problemas y otras tantas rescatada desde Sodena y el Gobierno foral. Disponer de una empresa de carrozado de autobuses, ayudar a que crezca y sea capaz de aprovechar la oportunidad ganada con Volvo, es clave ahora no solo para su plantilla, sino para Alsasua y para buena parte de Sakana. Un valle bien comunicado, con pasado industrial, pero que debe aprovechar toda su potencialidad para no diluirse, ubicado como está entre la Comarca de Pamplona y Goierri.

Algo similar ocurre con Aoiz, ultima localidad antes de adentrarse en un Pirineo con muy poca actividad al margen del turismo y el sector primario. Si hace década y media la respuesta del Gobierno de Navarra a la crisis de las industrias tradicionales fue Gamesa –cerrada hace ya más de tres años–, en esta ocasión se ha trabajado desde el Departamento de Industria para atraer a Flamasats, cuya fábrica de encendedores será capaz de generar hasta 300 puestos de trabajo.

Ambas inversiones comparten el impulso público y la intención. Y reflejan la capacidad de incidir desde la política en el desarrollo económico de las comarcas, una ambición compartida hoy desde amplios sectores del mundo rural navarro, con un abanico de reclamaciones heterogéneo, pero con el anhelo compartido de diseñar un futuro posible para decenas de pequeñas localidades hoy amenazadas por el envejecimiento y la despoblación.

No en todos los casos caben actuaciones tan relevantes como las de Flamasats o Sunsundegui, pero el momento es crucial. La vieja ley de Desarrollo Rural, aprobada en 2003 tras ver cómo se cercenaban alguno de sus artículos más ambiciosos, precisa de una actualización relevante que impulse amplias zonas de Navarra.

No será posible si no se emplea la fiscalidad de un modo imaginativo, con el objetivo de atraer talento y localizar inversiones sin descuidar la suficiencia recaudadora. Si lo que de verdad se quiere es que las empresas y los jóvenes se ubiquen más allá de la Comarca de Pamplona –decir, como aseguraba el Ejecutivo que la inversión de Gestamp en Salinas contribuye a crear empleo en un entorno rural es una tomadura de pelo–, quizá haya que articular beneficios fiscales contundentes y duraderos, tanto en IRPF como en Sociedades, para aquellos municipios en mayor riesgo. Otras comunidades han apostado por reducir los impuestos a las herencias o los grandes patrimonios, en una decisión que, en realidad, apenas beneficia a unos pocos. Navarra debe buscar su propio camino, acorde con su realidad política y sin la vista puesta en el retrovisor de Madrid.

Navarra tiene que crecer y dispone de herramientas para conseguirlo. No solo cuenta con una Hacienda propia, sino con una cobertura de fibra óptica elevada que permite teletrabajar desde numerosos municipios; dispone de unas buenas comunicaciones internas y unos servicios públicos todavía resistentes y bien valorados.

Pero hay otras carencias que la están lastrando. La inercia del gasto, que ha obligado a sacrificar inversiones y elevar la presión fiscal, es solo una de ellas. También las carencias en infraestructuras, debido sobre todo a la lentitud del Gobierno central en completar las autovías del Pirineo y de Soria o impulsar la segunda fase del Canal de Navarra. Pero no caben excusas. Si el equilibrio territorial es un objetivo, las medidas deben ser ambiciosas. Porque la tendencia es clara. No solo Pamplona absorbe actividad al resto la comunidad. Madrid es una aspiradora que detrae cada vez más talento y recursos.