El reconocimiento por primera vez a 12 navarras y navarros de su condición de vícimas de la violencia política por parte del Estado, cuerpos policiales o grupos de extrema derecha es un hito político, pero sobre todo humano. Es evidente que ETA acumula a la mayor parte de las víctimas de la violencia que ha padecido este país en las últimas décadas, pero negarse a admitir la existencia de un terrorismo derechista, de la guerra sucia impulsada desde los aparatos del Estado, de las desapariciones o de los casos de malos tratos y torturas supone un absurdo intento de discriminar la realidad y de intentar ocultar una parte del sufrimiento humano generado por las diferentes violencias. El reconocimiento y la reparación son dos pasos claves en la consolidación de la memoria frente al olvido y la base de la convivencia democrática. Más aún en el caso de personas que han estado décadas sometidas al olvido institucional y en muchos casos perseguidas o sometidas señalamiento negativo. Entre las víctimas ahora reconocidas se encuentra Mikel Zabalza detenido, pese a no tener ninguna vinculación con ETA, trasladado a Intxaurrondo y torturado hasta morir antes de ser arrojado su cadáver esposado al río Bidasoa. Ocurrió hace 40 años. Y Mikel Arregi, concejal de HB en Lakuntza, ametrallado en un control en 1979 cuando se dirigía a su casa. Ocurrió hace 45 años. También han sido reconocidas como víctimas personas heridas por la policía en los Sanfermines de 1978 o en atentados de extrema derecha o por sufrir maltrato físico o psicológico durante su detención en instancias policiales. Son las 12 primeras solicitudes avaladas por la Comisión de Reparación para restaurar las vulneraciones de derechos humanos de motivación política. Un primer paso para poner fin a la diferenciación asimétrica entre víctimas de primera y víctimas de segunda, una estrategia institucional para seguir encubriendo desde el no reconocimiento que hay víctimas de otras violencias injustas más allá de ETA y que en muchos de los casos existe una responsabilidad directa del Estado, que además de violar sus derechos civiles y humanos incumplió con su deber de protección como ciudadanos. Una decisión que confirma el compromiso de la mayoría de la sociedad y de la política navarras con la búsqueda de un acuerdo político y humanista de rechazo y condena de la violencia, de solidaridad con las víctimas, de reparación del daño causado y de avance hacia un consenso ético. Se trata de eso, de buscar un acuerdo honesto en el que la verdad y la memoria justa se impongan al odio y a la utilización política y electoral de unas u otras víctimas. De asumir que esas otras víctimas también forman parte del relato. Navarra ha avanzado honestamente en el reconocimiento a todas las víctimas de todas las violencias que ha sufrido este país en las últimas décadas. Desde las víctimas del genocidio franquista a las del terrorismo de ETA, de la guerra sucia del Estado y del terrorismo de derechas y de tortura y malos tratos. Valores de una democracia real, garantista y honesta. Por ello soprende el escaso entusiasmo que ha puesto el Gobierno en la difusión de esta importante decisión. Pese a su valor histórico, parece más bien que se ha pretendido que pasara por la puerta de atrás, como de tapadillo. Una contradicción.