El Gobierno de Pedro Sánchez cumplió ayer con el compromiso pendiente asumido por el presidente con el PNV para garantizar la prevalencia de los convenios laborales autonómicos y provinciales frente a los de marco estatal cuando los más cercanos mejoren las condiciones de los trabajadores. Este ha sido un asunto que ha ocupado y preocupado a los representantes jeltzales hasta el punto de haber sido el único grupo parlamentario que ha convertido esta medida en objeto de reivindicación, como pilar de un marco laboral propio real. No ha sido un camino exento de dificultades y retrasado por actitudes no siempre acordes a los intereses de empresas y trabajadores.
El último intento de cumplir con la exigencia del PNV fracasó en enero por el desmarque de Podemos, que en plena ruptura con Sumar, el proyecto liderado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, optó por alinearse con la derecha española para impedir la prevalencia del diálogo social de marco autonómico. Igualmente, la medida no contó en origen con el apoyo de patronales y sindicatos de ámbito estatal por razones más asociadas a sus propios intereses de concentrar la representatividad del diálogo social incluso donde carecen de ella.
La pretendida homogeneización a la baja de las condiciones sociolaborales en todo el Estado no es el modo de crear igualdad. Impedir que las condiciones laborales mejoren allí donde la actividad económica y sectorial lo permiten no favorece la competitividad. De hecho, el marco autonómico o provincial de la relación laboral refuerza las condiciones de los trabajadores propiciando una calidad del empleo más cercana al coste y usos de su entorno. Igualmente, aporta a las empresas la capacidad competitiva de captar talento en los apartados de I+D+i con condiciones laborales que permiten fidelizarlo.
La teoría del ajuste a la baja no rinde en términos de competitividad cuando un mercado global ya ha convertido en factor de éxito la cualificación por encima del ahorro de costes. Curiosamente, el abanico de fuerzas políticas que se definen progresistas no ha hecho de esta prevalencia un eje de su acción ni han dedicado el valor de sus votos a obtenerla; ni siquiera aquellas que reivindican su carácter soberanista. La retórica no crea mejores condiciones laborales; la legislación, sí.
