La negociación del nuevo Gobierno catalán ha reabierto un debate antiguo en España, el de la financiación autonómica. Una discusión que se repite de forma periódica y que lleva a los distintos gobiernos regionales a competir por los recursos públicos que aporta el Estado. Pero que generalmente suele dejar de lado la política de ingresos, de la que nadie suele querer hacerse responsable.
La propuesta llega ahora de la mano de ERC, que plantea como requisito para apoyar la investidura del candidato del PSC, Salvador Illa, un sistema financiación “singular”. El acuerdo no es sencillo porque donde los republicanos aspiran a un sistema bilateral similar al que tienen Navarra y la CAV, el Gobierno de Sánchez se abre como mucho a determinadas salvedades dentro del régimen general. Ni el PSOE está dispuesto a cambiar el modelo ni el resto de comunidades van a aceptar la excepción catalana.
La posibilidad de que Cataluña tenga un régimen fiscal propio es una aspiración antigua que ya se planteó en la transición. El último intento tuvo lugar en 2012, pero el pacto fiscal que propuso Artur Más recibió el portazo del Gobierno de Rajoy. Lo que, unido a la sentencia que recortó el Estatut dio paso al posterior proceso independentista.
Se señala a Navarra y la CAV para ocultar que la comunidad privilegiada por el actual modelo de financiación es Madrid
La aspiración, legítima y justificada, de contar con una financiación propia se ha vuelto a encontrar ahora con una respuesta reacia, cuando no agresiva, del poder político, económico y mediático de Madrid. Del PSOE al PP, pasando por aliados del Gobierno como los valencianos de Compromís o los aragoneses de Chunta, han criticado las aspiraciones catalanas. Volviendo a señalar a Navarra y la CAV como otros territorios privilegiados por contar con una Hacienda propia.
Un debate viciado de origen que busca un marco interesado en el que Navarra, la CAV y Cataluña son comunidades ricas e insolidarias frente al resto del país. Ocultando deliberadamente que si algún territorio cuenta con un sistema singular es precisamente Madrid, sobrefinanciada gracias a una capitalidad que le permite aplicar una política fiscal agresiva a costa de su entorno.
Un agujero negro
El sistema de financiación actual reconoce a las comunidades autónomas la gestión propia de algunos impuestos (Patrimonio y Sucesiones) y compartida de otros (50% de IRPF y de IVA). Este reparto ha permitido a Madrid renunciar al cobro de los primeros para incrementar la recaudación de los segundos, aprovechando el efecto gravedad que las estructuras del Estado ejercen sobre el resto de territorios.
En Madrid tienen la sede los poderes del Estado, con sus respectivos funcionarios, organismos y empresas dependientes. Es donde se diseña un sistema de comunicaciones radial en el que, de las autopistas al tren de alta velocidad pasando por las líneas aéreas, todo sale y llega a la capital para facilitar el control del país y la atracción de recursos. Y en la capital tienen su sede operativa las empresas públicas, los principales medios de comunicación y las grandes corporaciones privadas. Con sus empleos cualificados, rentas altas y beneficios empresariales que engordan las cuentas de la comunidad a costa de liberar de presión fiscal a quienes más tienen.
Si la derecha no gobierna en España es porque Cataluña ejerce de contra peso en un Estado cada vez más centralizado
Madrid se ha convertido en un agujero negro que está vaciando de riqueza y población todo su entorno gracias a un modelo socialmente injusto pero tremendamente efectivo. Allí se han hecho fuertes la derecha y su modelo ultraliberal que imponen una visión del Estado cada vez más centralizado y centralista. Y que si no gobierna en España es porque Cataluña, y en menor medida Navarra y la CAV, ejercen de contrapeso político y electoral.
Hay cuestiones judiciales y políticas que impiden cerrar de forma definitiva lo que ha supuesto el procés. Pero hay sobre todo una motivación económica que empuja al fracaso cualquier intento de normalización en Cataluña.
Porque mientras la situación política siga bloqueada en Barcelona y la capacidad presupuestaria de la Generalitat condicionada, el núcleo dirigente de Madrid seguirá teniendo manos libres para imponer un modelo en el que todo pasa y se decide en el centro del país. Sin un contrapoder que equilibre la capacidad de decisión e incline la balanza hacia un Estado verdaderamente plural y descentralizado.
