Sánchez ha salvado el primer escollo para lograr su objetivo de llevar a Salvador Illa a ser investido presidente de la Generalitat de Catalunya. El ajustado aval de la militancia de ERC a su elección en el Parlament da un respiro a Sánchez en una operación que aún así se presenta complicada con todo tipo de frentes abiertos en contra. De hecho, Illa será presidente de Catalunya con los votos del PSC, ERC y Los Comunes, pero nada garantiza que el cambio legal para transferir la recaudación y la gestión de los impuestos a Catalunya vaya a ser aprobado en el Congreso. La aritmética que sostiene al Gobierno de Sánchez en la Cámara Baja expone más duda que certezas sobre este paso. Junts ya ha dicho que tanto el acuerdo entre PSC y ERC como el aval de las bases republicanas a la investidura de Illa son malas noticias. No tiene fácil votar en contra, pero en actual estrategia política de Junts de cuanto, peor, mejor que impulsan Puigdemont –aún pendiente de su amnistía–, y su círculo si es necesario votarán no. Ese es siempre, antes o después, un viaje a ninguna parte. También Sumar muestra diferencias entre los partidos que lo componen y Podemos se mantiene en la indecisión. La mayoría no está clara en el Congreso. Ni tampoco la posterior luz verde jurídica de los altos tribunales. La elección de Illa como president de la Generalitat es, sin duda, un cambio político, de trascedencia también en el conjunto del Estado, que rompe la pugna de bloques que ha dominado la política catalana en los últimos años. Pero el nuevo tiempo se presenta con un futuro tan complicado e incierto como el vivido desde la puesta en marcha del procés. Tampoco la investidura de Illa va a apagar las críticas del resto de las autonomías del régimen común, incluidas varias federaciones socialistas, ni mucho menos va a apaciguar los discursos duros del PP y Vox. Su objetivo es romper la Legislatura lo antes posible para intentar de nuevo alcanzar el Gobierno y para ello sirve cualquier argumentario. No importa que Aznar ya transfiriera a Catalunya en 1996 la recaudación del 30% del IRPF. La memoria es frágil en el ámbito de la política. El acuerdo entre el Gobierno central y Catalunya está lejos del modelo del Convenio de Navarra o el Concierto de la CAV, incluidos en la Constitución, y su alcance político-jurídico cabe en una ley, pero eso no evita que se convierta , como cada vez que se abordan medidas para la vertebración política o la reorganización de la financiación autonómica todo acabe en agua de borrajas ahogado por el mantra habitual de políticos, juristas, viejas glorias, periodistas y tertulianos, advirtiendo de que se rompe España. Pero España no se rompe. Es un sistema que si fuera solicitado por cualquier otra autonomía tendría el mismo encaje y seguramente generaría mucho menos ruido y bronca. Pero esa exigencia mínima de corresponsabilidad entre lo recaudado y lo gastado es incómoda. Es más fácil gastar por encima de lo que tienes, despilfarros incluidos, o pregonar bajadas demagógicas de impuestos de evidente tufo electoralista y acudir luego a la puerta de papa Estado para reclamar más dinero para cubrir unos agujeros que no dejan de agrandarse. Una cuestión clave que sigue en ese estado de pendiente permanentemente. La sombra de un adelanto electoral en noviembre sigue sobre Moncloa.