Está claro que la política de vivienda va a marcar la agenda de esta legislatura tanto en Navarra como en el Estado. El Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra acaban de firmar un acuerdo para impulsar 280 viviendas de alquiler asequible en solares municipales. Los terrenos que Iruña cede a Nasuvinsa se localizan en Azpilagaña (90 pisos), Arrosadía (122) y Lezkairu (60 o 70). La fórmula va a ser novedosa pero también su destino, al primar a jóvenes que viven en la ciudad.
Así, un 65% serán para jóvenes empadronados en la ciudad con el fin de atender la demanda existente en un sector de la población que no puede acceder a ningún mercado, ni público (escasa oferta y con baremos muy sociales) ni privado (por los precios). El resto, se destinarán a familias vulnerables. Existen varios tipos de vivienda protegida en alquiler pero la más común es la VPO que se adjudica bajo baremo. Una oferta que se nutre del parque público de Nasuvinsa y la bolsa de vivienda vacía de los particulares pero que sale a cuentagotas y ello a pesar de que la única oferta de vivienda pública que sale es en alquiler en los últimos años.
La realidad es que un sector de la población se queda fuera, especialmente la gente joven pero también muchas familias trabajadoras que cumplen con los baremos pero que son superadas por otras casuísticas. Las personas con mayores necesidades económicas, cargas familiares o con mayor riesgo de exclusión entran antes. La nueva figura de alquiler asequible, pendiente de regular por parte del Gobierno, vendrá definida por un precio intermedio entre la vivienda protegida (este año el precio oficial es de 6,5 euros el metro cuadrado sin contar con las subvenciones en función del nivel de renta) y la que sale al mercado libre (en Pamplona supera los 11 euros según algunos portales inmobiliarios). Pero siempre vivienda pública.
Según los últimos datos de Vivienda que maneja el Gobierno, en el censo de solicitantes hay 16.645 demandantes de alquiler de los que casi 8.000 solo quieren arrendamiento, 2.185 alquiler con opción a compra, mientras que 6.502 marcan las dos opciones. De ahí lo interesante de la nueva propuesta máxime cuando un 71% de las solicitudes están suscritas por personas solas o unidades familiares de dos personas.
Hay otros datos reveladores. El 28,5% de solicitantes de alquiler protegido se mueve entre 9.000 y 15.000€ de renta. El 21,32%, entre 15.000 y 21.000€ y el 17% entre 21.000 y 30.000. La idea del Ejecutivo es impulsar un sociedad mixta para poner en el mercado este tipo de vivienda. Sin la colaboración público-privada parece imposible atender tal demanda.l