La vivienda es un derecho, pero que realmente no lo es, es un hecho. Estos días ha saltado a la primera línea informativa y a la primera línea política algo que nunca ha dejado de ser noticia para los ciudadanos y ciudadanas, que se enfrentan a diario a la escasez de vivienda pública para dar cobertura a las necesidades y al elevado precio de la vivienda libre, tanto a la venta como en alquiler.

Fijar zonas tensionadas, promover más vivienda social con el acuerdo entre instituciones, que la calificación de vivienda protegida sea indefinida como ya lo es en Navarra, controlar los pisos turísticos en determinada zonas, gravar las viviendas vacías, potenciar la bolsa de pisos de alquiler social... en definitiva poner en marcha medidas que puedan ir dando salida a uno de los principales problemas actuales para una gran parte de la sociedad. El último informe sobre Emancipación de la Juventud atribuye al doble efecto de la precariedad laboral de muchas personas, sobre todo inmigrantes y jóvenes y al alto precio de la vivienda las bajas tasas de emancipación (entre los 19 y los 29 años) tanto a nivel foral (16%) como de otras autonomías. La media europea justamente es el doble.

Factores culturales aparte parece evidente que estamos ante otro síntoma de los múltiples efectos de un problema real como es la escasez y alto precio de la vivienda pública, tanto en régimen de alquiler como en propiedad, ya que los jóvenes tienen que dedicar un altísimo porcentaje de sus ingresos, a veces precarios, a este fin. ¿La vivienda como derecho o como negocio? Ese es el debate. Y su solución práctica no es fácil, ya que muchos países y autonomías pioneras se han topado con obstáculos jurídicos y legales para tratar de influir en un mercado con distintos intereses. Puede no haber acuerdo sobre la solución, pero es compartido el diagnóstico de que la dificultad de acceso a la vivienda es un problema que va más allá de tener o no tener una casa.

Porque la falta de vivienda también es falta de salud y de vida. Si se dedica gran parte del salario a costear un alquiler o hipoteca, la cesta de la compra alimenticia de una persona o familia se resiente en calidad. También problemas educativos, pues difícilmente un menor puede seguir el ritmo escolar si tiene que compartir habitación con varios hermanos o casa con otras familias. Si la hipoteca o el alquiler aprieta, complicado rechazar una oferta laboral precaria, con lo que las condiciones de trabajo se resienten.

Sin una perspectiva de hogar, las jóvenes retrasan la decisión de ser madres... Y así se podría seguir si se analiza este tema desde la perspectiva de los efectos secundarios de no poder tener un techo, que van más allá de lo inmobiliario. Las alarmas ya han saltado, ahora es urgente una apuesta integral y valiente por este derecho que no puede caer en el lado del negocio.