Casa Orsola se ha convertido en un símbolo contra la especulación del alquiler. Es fácil de entender. El fondo inmobiliario no quiso renovar los contratos de alquiler con el fin de destinar el edificio a alquileres de temporada, modalidad que está rompiendo el mercado de la vivienda en muchas ciudades, esquivar la regulación de precios y a la que hay que poner coto (en Barcelona está en proceso de regulación).
La presión vecinal logró paralizar hasta en dos ocasiones el primer desahucio judicial dictado contra Josep Torrent, un profesor de 49 años que llevaba 22 años viviendo allí, pagaba 700 euros y al que se le pedía el triple. El acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Barcelona y una gestora de viviendas de alquiler social (Hábitat 3, con la medicación del Defensor del Pueblo de Catalunya, paraliza los desahucios y permitirá que el edificio pase a ser un bloque de 36 pisos de alquiler social y accesible. Buena inversión.
No voy a entrar en valorar el precio de la compra compartida en pleno distrito del Eixample. Sé que 9,2 millones es mucho dinero y que el propietario la adquirió en 2021 (Lioness Inversiones vinculada a un empresario catalán) por 6,5. Hay quien cree que hubiera sido mejor expropiarla. Hay quienes creen que la administración no tiene que intervenir en este mercado, o que alimenta la especulación.
Yo me quedo con la compra colaborativa y pongo la medalla a la movilización popular que ha logrado dar una solución a los vecinos tras más de tres años de lucha. Y que abre una nueva vía para resolver el problema de la vivienda: la colaboración público privada. Porque hay muchas ‘casas Orsola’.