La vertiente política de la crisis eléctrica ofrece el rostro más desagradable de una dinámica instalada en la política española, en la que la prioridad ha dejado de ser el interés común en favor de los intereses de los partidos. Un incidente sin precedentes exige un compromiso de cooperación sin precedentes, de asunción de una responsabilidad que restaure la confianza de la ciudadanía en sus representantes. Lamentablemente, esta crisis apunta a otra oportunidad perdida. La inmediata traslación de responsabilidades autonómicas al Gobierno del Estado atrae una primera reflexión. Es una posibilidad legal y lícita cuando la administración autonómica admite su incapacidad para gestionar las consecuencias de un evento especialmente grave. Pero la gestión del día a día de los administrados, sus servicios públicos y su protección civil se ha resuelto de forma autónoma por muchos gobiernos mientras otros se pusieron de perfil de inmediato. La dejación de responsabilidad en un entramado institucional descentralizado ataca la propia naturaleza del mismo. Pero más grave es hacer una oposición obstruccionista. La prioridad del PP en las horas posteriores al bloqueo eléctrico ha sido una campaña de desgaste en la que se alimenta la desconfianza y la inseguridad sin ningún argumento objetivo que la sustente. El mero enunciado de exigir una explicación “real” de las causas del incidente esconde la inducción a la sospecha, que es todo lo contrario a lo que la responsabilidad exige. Restablecer los servicios, ofrecer certidumbres y no alimentar la inseguridad deben ser los primeros pasos. Aclarar el origen y evitar su repetición es imprescindible, pero convertirlo en emblema de oposición es desleal: implica que se frivoliza con su alcance o que se admite que no justifica priorizar. Pedro Sánchez tendrá que dar las debidas explicaciones tan pronto éstas estén disponibles, pero la dilación en la investigación técnica no es achacable a su responsabilidad política en las primeras 24 horas. Detectado el origen, son las medidas para evitar su repetición el baremo de desempeño político y este es un factor que trasciende el ámbito de lo público y alcanza lo sistémico. Y en el sistema hay decisiones del pasado que condicionan el marco vigente, como la privatización del sector energético o la limitación del desarrollo de redes eléctricas.