Pamplona se acaba de sumar al proyecto de investigación que han abierto conjuntamente Gobierno de Navarra y Federación de Municipios (hay 123 entidades locales adheridas) para determinar el origen de los bienes comunales inmatriculados por la Iglesia católica.

Se trata de la primera vez que una autonomía realiza una investigación exhaustiva sobre el patrimonio público inscrito por los obispos. Este trabajo, que cuenta con apoyo del departamento de Desarrollo Rural del Ejecutivo y que va a implicar a TRACASA, a personal técnico y expertos, parte de un listado inicial de unos 3.000 bienes que maneja el Ejecutivo siendo de hecho el trabajo más exhaustivo que existe en todo el Estado. De ellos, más de la mitad son parcelas comunales (hay identificadas 1.700 en un primer rastreo y, de éstas, verificadas del todo más de 200) sin contar con parroquias, viviendas, ermitas, huertos y un largo etcétera.

La depuración de estos datos que remitió en su día el Parlamento foral a partir de notas simples, y que serán cruzados con Catastro y Registro de la Propiedad, resulta crucial a la hora de situar el papel defensivo de las administraciones ante posibles litigios y lograr así su recuperación. Entidades que además podrían ceder sus competencias para que el Gobierno foral garantice dado el caso esa protección del bien común de cara a procesos judiciales largos y costosos. Para los pequeños ayuntamientos y concejos conservar o restaurar muchos de estos bienes en claro proceso de deterioro -aquellos que no han salido a la venta- tampoco es tarea fácil. Un patrimonio que, tal y como establece nuestra legislación foral, es inalienable, imprescriptible e inembargable. La ofensiva viene a coincidir con una renovación al frente de la curia navarra. El arzobispo Florencio Roselló ya anunció en marzo que la Iglesia devolverá los bienes e inmuebles inmatriculados si la Justicia determina que no les pertenece. Antes de llegar a ese extremo tiene la oportunidad de negociar su devolución a las administraciones competentes si la evidencia de los documentos así lo demuestra. Desde que la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro iniciara su cruzada hace más de 20 años los avances han sido lentos. Eleva a 5.000 las propiedades que permanecen injustamente en manos de la Iglesia en Navarra y ha presentado sus demandas en el Congreso. Apropiaciones que los diferentes gobiernos estatales han evitado abordar con determinación y en las que la foral abre camino para el resto de comunidades.