La Organización de las Naciones Unidas (ONU) inicia este martes una Asamblea General que sirve para conmemorar su 80 aniversario como proyecto regulador de las relaciones internacionales en el nuevo orden mundial nacido tras la Segunda Guerra Mundial. Ocho décadas de actividad con claroscuros que ahora se ven sometidas a un escrutinio crítico acrecentado por el desmontaje sistemático e intencionado de las herramientas que hicieron de la ONU un mecanismo capaz de generar estabilidad en el pasado y de proteger unos principios de derecho. Con mayor o menor fortuna, la ONU ha intentado durante estos años establecer unos pilares básicos de convivencia y respeto entre los actores internacionales con sonados fracasos y también con esperanzadoras actuaciones. Entre éstas, la configuración de agencias que han servido para establecer un marco de cooperación y reconocimiento de responsabilidades de los Gobiernos en materia de derechos humanos –refugiados, mujeres, infancia,...– cultura y educación, medioambiente, comercio, etc. El hecho de que precisamente ese marco sea desmontado por la nueva estrategia de la unilateralidad es significativo de la encrucijada del momento.
La unilateralidad es el enemigo de la ONU y de los derechos colectivos. En virtud de él, se han desmotado los consensos, se han violado las fronteras y se han negado derechos establecidos hace un siglo y hecho, en la práctica, imposible su defensa mediante la estrategia de la inanición: dejar sin sustento económico al organismo encargado de protegerlos con sus comisariados. Las expectativas no son halagüeñas pese a que se esté gestando una reacción en la comunidad internacional. Ésta se encuentra fracturada y ha dejado de blindar unos principios comunes. Es gráfico el hecho de que, mientras la ONU cumple 80 años, la resolución 181 que consagraba el nacimiento de un Estado árabe y otro judío en Palestina, cumpla 78 sin cumplirse. El reconocmiento de esa realidad no basta ya para materializarla. La suma de gobiernos europeos que van adhiriéndose a un acto de justicia no va acompañada de la viabilidad de Palestina como nación independiente. Ni su seguridad ni su sostenibilidad económica ni su independencia están garantizadas y su situación retrata la dificultad de la ONU para preservar su propio futuro.
