El anuncio de Pedro Sánchez de blindar el aborto como derecho en la Constitución es la respuesta al movimiento del Ayuntamiento de Madrid, donde el PP, que ostenta la alcaldía, ha respaldado una propuesta de Vox sobre el llamado “síndrome post aborto” –una falacia sin respaldo científico que pretende estigmatizar a las mujeres–. Aunque los populares han reculado, pasando en 24 horas de defender la propuesta porque “la información nunca es un problema” a poner en duda esos supuestos efectos negativos que tiene la interrupción del embarazo sobre la salud de la mujer, el Ejecutivo central parece decidido a reforzar la garantía de un derecho que forma parte del núcleo de la igualdad y la libertad.

Hay que recordar que el Tribunal Constitucional ya avaló en 2023 la constitucionalidad de la ley de plazos, rechazando el recurso del PP contra la reforma de Zapatero y confirmando que la interrupción voluntaria del embarazo es plenamente compatible con la constitución. Sin embargo, la derecha política se resiste a asumir esta realidad. Vox utiliza el aborto como arma de chantaje ideológico para obligar al PP a moverse en su terreno, y el PP, en lugar de ejercer un liderazgo autónomo, se deja arrastrar a una trinchera que lo coloca en guerra abierta contra los avances en derechos de la mujer. La estrategia es clara: construir un relato de miedo y culpa en torno a las mujeres que deciden abortar, sembrar dudas sobre la legitimidad de su decisión y presentarlas como víctimas de una supuesta manipulación.

Pero las cifras demuestran que las mujeres no actúan bajo coacción, sino desde la autonomía y con plena conciencia de la decisión que toman. La respuesta de los poderes públicos debe ser garantizar que lo hagan en condiciones seguras, libres y con acompañamiento, nunca criminalizarlas. Blindar el aborto en la constitución no solo tiene un enorme valor político y simbólico, es también una medida imperiosa ante la amenaza de una derecha crispada y reaccionaria. No se trata solo de proteger un derecho ya reconocido, sino de impedir que futuros gobiernos conservadores, bajo presión de Vox u otros sectores ultracatólicos, intenten volver a la carga. Elevarlo al rango constitucional es un dique frente al retroceso, una forma de afirmar que los derechos de las mujeres no son moneda de cambio electoral ni objeto de disputa partidista.